El director de una escuela de Corcovado y un empleado municipal que figuraba como proveedor deberán enfrentar un juicio oral por una investigación en la que la Fiscalía los acusa de haber montado un esquema de facturación irregular para desviar fondos públicos destinados al refrigerio de los alumnos.
La acusación está a cargo de la fiscal general María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, ambos imputados habrían participado de una maniobra sostenida entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación de la Región III.
La acusación de la Fiscalía
De acuerdo con la acusación, se detectaron al menos 31 hechos durante un período de 16 meses. La Fiscalía sostiene que se habrían utilizado comprobantes sin respaldo real y que el director cobraba personalmente los cheques correspondientes a las partidas destinadas a la alimentación escolar.
Según la investigación, el particular que emitía las facturas estaba inscripto ante ARCA como prestador de servicios y no como vendedor de alimentos. Además, la Fiscalía señala que, por ser empleado municipal, no podía actuar como proveedor del Estado.
Otro de los puntos señalados es que el director, en su condición de máxima autoridad del establecimiento, habría concurrido a una sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar los cheques por ventanilla.
La acusación también sostiene que se habrían realizado registros falsos en el Libro Banco de la institución para justificar el destino de los fondos y que algunos comprobantes habrían sido emitidos con fechas posteriores al cobro del dinero.
Insumos que no habrían ingresado a la escuela
La Fiscalía sostiene además que los alimentos declarados en las rendiciones no habrían ingresado al establecimiento.
Entre las inconsistencias detectadas se mencionan compras que no coincidirían con el menú correspondiente al refrigerio escolar, como facturaciones de tapas de empanadas o 20 kilos de pollo.
A partir de estos elementos, el Ministerio Público Fiscal sostiene que existió un perjuicio sobre fondos públicos destinados a la alimentación de los estudiantes y atribuye a los imputados posibles irregularidades vinculadas con la administración de esos recursos y la documentación utilizada para justificar los pagos.
El juicio todavía no tiene fecha
Debido a que uno de los imputados es funcionario público, el debate deberá realizarse ante un tribunal mixto.
La fecha del juicio y la composición del tribunal serán definidas próximamente.
Hasta el momento, se trata de una acusación presentada por la Fiscalía y será durante el juicio donde deberán analizarse las pruebas y determinarse las responsabilidades correspondientes.
