Familias y autoridades ancestrales del pueblo Mapuche-Tehuelche advierten sobre un plan de persecución por parte del Estado, hostigamiento laboral a referentes que hicieron reclamos en Esquel y falta de transparencia en los controles de potabilidad del agua en la Escuela N.° 107.
La comunidad de Lof Nahuelpan emitió un comunicado público de alerta para denunciar una serie de hechos que consideran un ataque sistemático, hostigamiento y vulneración de derechos por parte de instituciones estatales. La denuncia abarca episodios de intimidación policial, persecución judicial y laboral, así como serias irregularidades en torno a la calidad del agua que consumen los alumnos de la Escuela N.º 107 «Isabel Nahuelpan».
El conflicto más reciente tuvo lugar este miércoles 21 de octubre, cuando madres, padres e integrantes del Consejo de Ancianos se presentaron de forma pacífica en el establecimiento escolar con el fin de solicitar el informe oficial sobre la potabilidad del suministro de agua. Según informaron desde la comunidad, la respuesta directiva ante este reclamo fue convocar a la policía para amedrentar a las familias, una actitud que definieron como hostil, violenta y de abuso de poder.
Muestras de agua bajo la lupa y reclamos por la salud infantil
La preocupación de la comunidad en torno al agua potable radica en que las muestras para análisis habrían sido tomadas en frascos comunes, sin precintar, y sin la presencia de peritos o padres que actuaran como testigos de la toma de datos. Frente a esto, advierten que los análisis podrían estar adulterados y acusan a la dirección del colegio de exponer a los estudiantes a consumir agua no segura.
Pese a las advertencias de las familias, la dirección notificó mediante el cuaderno de comunicaciones un mensaje de la Supervisora Técnica Escolar habilitando nuevamente el consumo de agua de red para dar por finalizada la compra de agua envasada. Desde la comunidad manifestaron su profunda inquietud al considerar que las autoridades educativas priorizaron recortar costos económicos o administrativos por encima de la salud e integridad física de niños y niñas.
Persecución judicial y llamado a la solidaridad
A este panorama en el ámbito educativo se le suma la denuncia por persecución judicial y laboral contra cinco integrantes de la comunidad. De acuerdo con lo expuesto, estos miembros fueron judicializados tras hacer uso de la palabra en el Concejo Deliberante de Esquel para visibilizar sus demandas. Actualmente, afirman que sufren acoso, amedrentamiento y presiones en sus respectivos puestos de trabajo por sostener sus reclamos.
Ante la gravedad del escenario, las familias de Lof Nahuelpan y el Consejo de Ancianos hicieron un llamado a organismos de Derechos Humanos, colectivos de la sociedad civil, profesionales de la ley, sectores universitarios, medios de comunicación y comunidades hermanas a solidarizarse y pronunciarse. Sostienen que no se trata de un hecho escolar aislado, sino de actos de violencia institucional e intimidación en su territorio que buscan silenciar los reclamos ancestrales de la comunidad.
