Tras el veredicto del Jurado Popular que declaró culpable a Kevin Darián Ledesma por el homicidio de José Marcelo Colemil, el juez técnico dio a conocer este miércoles la pena: 18 años de prisión de efectivo cumplimiento. La Fiscalía había pedido una condena alta por la gravedad del hecho, mientras que la defensa buscaba el mínimo. Finalmente, la sentencia quedó mucho más cerca de lo solicitado por el Ministerio Público.
El homicidio ocurrió el 18 de agosto de 2024. Según quedó acreditado en el juicio, Ledesma —alias “El Porteño”— disparó desde el interior de su vivienda hacia la vía pública, aprovechando la oscuridad y colocándose en una situación de resguardo. Esa modalidad fue considerada un agravante clave por el tribunal, ya que dejó a la víctima en un estado de total indefensión.
Conducta posterior y antecedentes: puntos en contra
El juez valoró de forma negativa varias conductas de Ledesma después del crimen:
Arrojó el arma homicida al río, lo que fue interpretado como una maniobra para entorpecer la investigación.
Se mantuvo oculto durante 18 horas, evitando el accionar de la justicia.
Tenía antecedentes previos, entre ellos una suspensión de juicio a prueba y una condena condicional reciente.
Estos elementos influyeron en que la pena se ubicara muy por encima del mínimo legal.
La sentencia también destacó el impacto emocional en el entorno de Colemil, especialmente en sus sobrinos menores, quienes —según el fallo— perdieron una figura de referencia fundamental. El juez consideró este punto como un “plus de afectación” hacia la familia.
Los atenuantes considerados
La defensa había solicitado contemplar la edad y la situación socioeconómica de Ledesma. El juez rechazó ese argumento, afirmando que a los 29 años es plenamente responsable.
Sin embargo, sí valoró como atenuante que el acusado contaba con integración familiar y laboral, redes que podrían contribuir a una eventual resocialización futura.
La pena final
El fallo concluyó imponiendo 18 años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Con esta sentencia, se cierra una de las etapas del caso que mantuvo en vilo a la comunidad desde agosto, aunque aún restan las instancias de apelación que la defensa podría intentar.