El juez federal Adrián González Charvay ordenó al Gobierno aplicar de forma inmediata la Ley 27.793 y declaró inconstitucional el artículo 2 del Decreto 681/2025, que exigía al Congreso especificar financiamiento para ponerla en marcha.
Según el fallo, el Ejecutivo no puede suspender una ley aprobada por insistencia del Congreso ni imponerle condiciones administrativas, porque eso constituye “una forma encubierta de veto” y viola la Constitución y tratados internacionales.
Lo dispuesto:
Nulidad del artículo 2 del DNU 681/2025.
Aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Alcance para todas las personas con discapacidad y prestadores.
Prohibición de medidas que reduzcan derechos.
Fuente: NA