Cientos de familias afectadas y miles de hectáreas de bosque nativo arrasadas vuelven a poner en foco el desmantelamiento de las políticas de prevención y control del fuego en el sur del país.
Un incendio de gran magnitud avanza en la Comarca Andina de Chubut, con consecuencias devastadoras para el ambiente y las comunidades locales. Miles de hectáreas de bosque nativo fueron consumidas por las llamas y varias viviendas resultaron dañadas. Aunque el fuego suele atribuirse a factores climáticos extremos, especialistas y trabajadores del sector advierten que la falta de inversión estatal y la reducción de políticas preventivas agravan año tras año este tipo de emergencias.
En ese contexto, el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei aparece como un factor central. La reducción de partidas destinadas a la gestión ambiental, sumada a reformas que apuntan a flexibilizar normativas clave, impacta directamente en la capacidad de respuesta ante los incendios forestales en la Patagonia.
Menos recursos y más riesgo: el recorte al Servicio Nacional de Manejo del Fuego
Uno de los puntos más críticos es el recorte al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Brigadistas y referentes ambientales vienen alertando sobre falta de equipamiento, escasez de personal y condiciones laborales cada vez más precarias. Contratos temporarios, salarios bajos y jornadas extensas se combinan con incendios más frecuentes e intensos, en un escenario de sequía prolongada y temperaturas extremas.
Desde fines del año pasado, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el propio SNMF habían emitido alertas tempranas por riesgo ígneo, advirtiendo sobre la combinación de pocas precipitaciones, vegetación seca y olas de calor. Aun así, la capacidad de prevención y respuesta fue limitada.
Datos oficiales indican que alrededor del 95% de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencia o de manera intencional. En los últimos años, solo en parques nacionales de Chubut, Río Negro y Neuquén se perdieron entre 30 mil y 40 mil hectáreas de bosque nativo, una cifra que preocupa a científicos, ambientalistas y comunidades locales.
Reformas legales y avance sobre los territorios
El escenario se completa con iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo nacional que apuntan a modificar la Ley de Tierras y el régimen de Manejo del Fuego, propuestas surgidas del denominado Consejo de Mayo.
En el caso de la Ley de Tierras, el objetivo es flexibilizar o eliminar los límites a la compra de grandes extensiones por parte de capitales extranjeros, incluso en zonas estratégicas y de frontera. Actualmente, se estima que más de 12,5 millones de hectáreas en Argentina están en manos extranjeras, con una fuerte concentración en la Patagonia.
Por otro lado, los cambios propuestos al régimen de Manejo del Fuego buscan reducir las restricciones que impiden cambiar el uso productivo de una tierra incendiada durante décadas. Para organizaciones ambientales, esto representa un incentivo indirecto a los incendios intencionales, ya que facilita la reconversión del suelo hacia emprendimientos inmobiliarios, turísticos o extractivos.
Chubut, en el centro de la emergencia
Localidades como Puerto Patriada, El Hoyo y zonas cercanas a El Bolsón y Bariloche vuelven a quedar expuestas frente al avance del fuego. Mientras los brigadistas combaten las llamas con recursos limitados, crece la preocupación por el impacto social y ambiental a mediano y largo plazo.
Comunidades rurales, pequeños productores y pueblos originarios advierten que la pérdida del bosque nativo no solo afecta al ecosistema, sino también al acceso al agua, la biodiversidad y las economías regionales. Además, denuncian que el retroceso del Estado deja el territorio cada vez más expuesto a intereses privados.
Incendios forestales: una crisis que no es inevitable
Especialistas coinciden en que los incendios forestales no son una fatalidad, sino el resultado de decisiones políticas, falta de planificación y debilitamiento de los organismos de control. La prevención, el manejo responsable del territorio y la inversión sostenida en políticas ambientales son claves para reducir el impacto de estos eventos.
Mientras el fuego avanza en la Patagonia, el debate sobre el modelo de desarrollo, la protección del ambiente y el rol del Estado vuelve a ocupar un lugar central. La emergencia actual reabre una pregunta de fondo: qué prioridad tiene la preservación de los bosques y las comunidades frente a las políticas de ajuste y liberalización.
Fuente: Prensa Obrera