La causa por presuntas irregularidades en la contratación de obras para reparar escuelas en Chubut —que se inició tras la intoxicación por monóxido en la Escuela 93 de El Maitén— sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial.
Durante la audiencia preliminar, la defensa de uno de los imputados planteó la incompetencia de la Justicia provincial, al sostener que los fondos utilizados para las obras provenían de Nación y que, por lo tanto, debería intervenir la Justicia Federal.
La jueza de garantías Karina Breckle otorgó 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal para que analice el planteo presentado por el abogado Romano Cominetti, defensor del exfuncionario Maximiliano García. La magistrada calificó el pedido como “sorpresivo”, ya que la investigación se encuentra abierta desde hace dos años.
En paralelo, fue apartado como querellante el titular de la Oficina Anticorrupción provincial, Diego Carmona, quien no se presentó a la audiencia pese a haber sido notificado con anticipación.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, apunta a dos empresarios y siete exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura. Se los acusa de defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público, con un perjuicio estimado en 20 millones de pesos.
Según la acusación, se habría montado un esquema para simular compulsas de precios que aparentaban legalidad, pero con adjudicaciones previamente acordadas. El caso tuvo origen en la falla de calefacción que derivó en la intoxicación de alumnos y docentes en la cordillera chubutense.
Fuente: MPF