El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió reactivar una causa clave por presunta corrupción en la Asociación Mutual Aonik Kenk y dejó sin efecto el sobreseimiento de tres imputados, en un fallo unánime que marca un giro en el proceso judicial. La decisión apunta a que el caso sea debatido en un juicio oral, al considerar que existen elementos suficientes para analizar responsabilidades en el manejo de fondos de la entidad.
La resolución del máximo tribunal provincial pone nuevamente en marcha una investigación que había sido cerrada en septiembre de 2024 por un juez penal de Esquel. En aquella instancia, se había determinado que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras legales planteadas por la Fiscalía, lo que derivó en la desvinculación de los acusados. Sin embargo, el Superior Tribunal consideró que ese cierre fue prematuro y que aún quedan aspectos relevantes por esclarecer en sede judicial.
El expediente tiene su origen en una denuncia impulsada por la Fiscalía de Esquel y un grupo de asociados de la mutual, quienes sostienen que entre 2019 y 2022 se habría implementado un esquema irregular para administrar fondos por fuera de los controles legales. Según la acusación, un administrador de hecho habría manejado más de 109 millones de pesos provenientes de créditos y ayudas económicas otorgadas a afiliados. Parte de ese dinero, estimado en unos 25 millones de pesos en concepto de intereses, no habría sido depositado en las cuentas de la mutual ni registrado en los balances oficiales, lo que derivó en un destino incierto de esos fondos.
La investigación también apunta a la presunta participación de otras dos personas. Por un lado, la tesorera de la Cooperativa 16 de Octubre, quien habría facilitado el acceso a efectivo mediante el cambio de cheques por más de 70 millones de pesos. Por otro, el contador de la mutual, acusado de confeccionar balances que no reflejaban estas operaciones, lo que habría impedido que los asociados y los organismos de control detectaran las irregularidades.
En su análisis, los ministros del Superior Tribunal fueron contundentes al cuestionar el criterio del juez que había dictado el sobreseimiento. Señalaron que no puede prevalecer una interpretación estrictamente formal sobre la realidad de los hechos. En ese sentido, indicaron que el manejo de dinero ajeno y la posible vulneración de la confianza de los asociados son elementos que deben ser evaluados en profundidad, independientemente de si el imputado tenía o no un cargo formal vigente.
El fallo también hace foco en el estándar necesario para cerrar una causa antes del juicio. Según los magistrados, para dictar un sobreseimiento debe existir certeza absoluta de que no se ha cometido un delito, algo que no ocurre en este caso. Por el contrario, sostuvieron que hay una hipótesis razonable de fraude o estafa que requiere ser analizada en un debate oral y público, donde se produzca la prueba y se garantice el derecho de defensa.
Otro de los puntos destacados de la resolución es el rol del juez en la etapa previa al juicio. El tribunal recordó que, si existen dudas sobre la calificación legal elegida por la Fiscalía, el magistrado debe evaluar si los hechos pueden encuadrarse en otras figuras penales, en lugar de archivar directamente la causa.
Con este nuevo escenario, el expediente volverá a la Oficina Judicial de Esquel y se retomará el trámite procesal. Se espera que se convoque a una audiencia preliminar en la que se discutirán las acusaciones, las pruebas y los planteos de las defensas. El objetivo de la Fiscalía es llevar el caso a juicio oral, instancia en la que se definirá la culpabilidad o inocencia de los imputados en relación con el manejo de los fondos de la mutual.
Este tipo de resoluciones refuerza el criterio de que las causas vinculadas a presuntas irregularidades económicas y administración de fondos deben ser analizadas con profundidad en juicio, especialmente cuando involucran recursos de trabajadores y entidades comunitarias, donde la transparencia y la confianza son pilares fundamentales.