En Esquel

Reforma laboral: abogados de Esquel piden frenar artículos clave y alertan por “inseguridad jurídica”

El Colegio Público de Abogados de Esquel acompañará a la acción colectiva a nivel nacional que busca suspender puntos centrales de la nueva reforma laboral, al considerar que vulneran derechos constitucionales y podrían generar un escenario de mayor conflictividad judicial.

La entidad, presidida por el Dr. Juan Esteban Rimoldi, confirmó que acompañará las acciones judiciales que realice FACA. Es decir, la presentación impulsada originalmente en Córdoba, que ya cuenta con el respaldo de casi 30 colegios de abogados de todo el país. El reclamo se enfoca especialmente en los artículos que habilitan el pago en cuotas de honorarios profesionales y en la incorporación de sanciones que califican como arbitrarias.

A través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la ciudad de Esquel se integra a un frente más amplio que también reúne a otras localidades patagónicas como Trelew, Bariloche y Ushuaia.

Desde el sector legal advierten que uno de los principales puntos en discusión es el carácter de los honorarios profesionales. Según sostienen, estos tienen naturaleza alimentaria, por lo que su cobro en cuotas implicaría una afectación directa al sustento de los abogados. En ese sentido, remarcan que la fragmentación del pago podría debilitar el ejercicio profesional.

Otro de los aspectos cuestionados son las sanciones previstas en la normativa. Los letrados entienden que estas medidas podrían funcionar como un mecanismo de disuasión, al exponer a los abogados a posibles multas por el contenido de los planteos que realicen en defensa de sus clientes.

Según se advirtió, la normativa podría impactar no solo en nuevos vínculos laborales, sino también en contratos vigentes, lo que —afirman— incrementaría situaciones de precariedad.

En este contexto, los profesionales remarcaron que la discusión no se limita a un sector, sino que involucra garantías básicas del sistema judicial. Según indicaron, sostener reglas claras es clave para asegurar que cualquier ciudadano, ya sea trabajador o empleador, pueda acceder a un proceso justo.

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