En un proceso judicial caracterizado por su inusual celeridad, la fiscalía de Lago Puelo presentó formalmente la acusación pública contra un hombre detenido por perseguir y hostigar a su expareja. Durante la audiencia de control, la Justicia resolvió además prorrogar la prisión preventiva del acusado, quien fue capturado semanas atrás mientras desobedecía una orden judicial de restricción.
Un historial de desobediencia y violencia
La investigación, dirigida por la fiscal Débora Barrionuevo, logró reconstruir una secuencia de acoso y violencia que escaló rápidamente durante el último bimestre. El imputado enfrenta cargos por violación de domicilio y desobediencia judicial, delitos cometidos en concurso ideal y reiterados en tres oportunidades documentadas:
Febrero: Se registró la primera intrusión ilegal en la vivienda de la víctima.
22 de marzo (mañana): El hombre volvió a ingresar al domicilio, ignorando las medidas de protección vigentes.
22 de marzo (noche): El hecho que derivó en su detención definitiva.
En este último episodio, la intervención policial fue inmediata gracias a los rondines de vigilancia intensificados por pedido de la Fiscalía. Los efectivos sorprendieron al sujeto dentro de la propiedad, de la cual ya tenía una orden de exclusión legal.
El impacto psicológico en la víctima
Para fundamentar la continuidad de la detención, fueron cruciales los informes presentados por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Los especialistas advirtieron que la mujer se encuentra en un estado de «hipervigilancia» y temor constante, producto del accionar sistemático del agresor.
La fiscalía subrayó que el acusado demostró una absoluta falta de voluntad para someterse a las normas, lo que convierte a la prisión preventiva en la única herramienta eficaz para garantizar la integridad física y psíquica de la denunciante.
Próximos pasos procesales
El juez interviniente dispuso que el imputado permanezca bajo arresto, inicialmente, hasta el 23 de mayo o hasta la realización de la audiencia preliminar.
«Ante el incumplimiento sistemático de las restricciones, la prisión es necesaria para garantizar la vida de la víctima», sostuvieron desde el Ministerio Público Fiscal.
Con la acusación ya presentada, el caso se encamina hacia el juicio oral, donde se buscará una condena por la invasión de la privacidad y el desacato judicial en un contexto de violencia de género.