El eje del caso giraba en torno a la presencia de sustancias como níquel, cobalto e hidrocarburos en suelo y agua. Si bien en 2021 se habían detectado valores que generaron preocupación, estudios actualizados en 2024 —realizados por el laboratorio IACA de Bahía Blanca con participación de peritos de ambas partes— concluyeron que las concentraciones actuales están dentro de los límites legales.
Desde la Fiscalía explicaron que este escenario encuadra en el concepto de “riesgo permitido”, es decir, niveles que no representan un peligro concreto para la salud pública ni el ambiente según la normativa vigente.
Además, Bottini remarcó que para avanzar en una causa penal ambiental no alcanza con sospechas o registros pasados, sino que debe existir un riesgo actual comprobable. En ese sentido, sostuvo que “no es propio de un Fiscal responsable avanzar hacia instancias procesales sin tener elementos” suficientes para sostener una condena.
Otro punto clave fue la falta de nuevas pruebas. Según la resolución, en más de un año no se incorporaron elementos que contradigan los estudios técnicos. Aunque la querella manifestó su desacuerdo, la Fiscalía consideró que no hay fundamentos para reabrir el caso.
Así, la investigación quedó cerrada por ausencia de delito comprobable.