El Gobierno nacional autorizó la venta de tierras fiscales en Esquel, en el marco de un proceso más amplio que incluye la enajenación de 21 inmuebles estatales en todo el país. La medida impacta directamente en dos predios ubicados en cercanías del Río de los Bandidos, que dejarán de formar parte del patrimonio público para pasar a manos privadas.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 322/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, que otorga facultades a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para disponer, transferir o vender estos inmuebles sin necesidad de intervención legislativa previa.
Según se detalla en la normativa, los terrenos incluidos en Esquel fueron considerados sin función operativa, lo que habilitó su incorporación al listado de bienes a rematar. Esta medida forma parte de una política nacional orientada a desprenderse de propiedades que, de acuerdo a auditorías internas, presentan subutilización o generan costos de mantenimiento que el Estado busca evitar.
Desde el Gobierno argumentaron que la venta de estos activos permitirá reducir gastos y, al mismo tiempo, generar recursos a través de su transferencia al sector privado. En ese sentido, el decreto sostiene la necesidad de impulsar la enajenación de inmuebles que resultan innecesarios para la gestión estatal.
La iniciativa no se limita a Chubut. El paquete incluye propiedades en distintas provincias, entre ellas sectores de alto valor en la Ciudad de Buenos Aires, como un inmueble sobre Avenida Libertador 3880, además de predios ferroviarios del ramal San Martín y terrenos en localidades bonaerenses como Salazar, Pergamino y Barrow. También alcanza zonas de Córdoba, La Pampa y Misiones.
En el caso puntual de Esquel, la medida abre interrogantes sobre el futuro de los terrenos linderos al río, especialmente en relación con la planificación urbana y el acceso a espacios naturales. El traspaso de tierras cercanas a cursos de agua hacia el ámbito privado suele generar debate en torno al uso del suelo y la preservación ambiental.
Antes de concretarse las operaciones, los predios deberán ser tasados y evaluados jurídicamente. Luego, la AABE avanzará con los mecanismos técnicos necesarios para su subasta o transferencia.
La normativa vigente permite al Estado disponer de bienes que no tengan una afectación específica, bajo la premisa de que su venta puede impulsar actividades productivas y dinamizar economías regionales. Sin embargo, en la práctica, el impacto dependerá de las condiciones en que se realicen las adjudicaciones y del perfil de los futuros compradores.
El proceso iniciado no tiene una fecha de cierre definida, pero marca un cambio significativo en la administración del patrimonio estatal en la región. A partir de ahora, comienza una etapa en la que la presencia del Estado sobre estos terrenos empieza a reducirse, mientras crece la expectativa sobre su destino final.
Fuente: LU17