La causa investigaba la cesión de áridos provenientes de la cantera Arroyo Fontana, utilizados para mejorar un callejón de la localidad cordillerana. Según la acusación, los funcionarios habrían actuado fuera de lo establecido por la Ley Orgánica de Vialidad Provincial.
Sin embargo, el tribunal concluyó que no existió delito y destacó varios puntos clave durante el juicio.
Qué tuvo en cuenta el tribunal
Entre los hechos comprobados, se determinó que particulares solicitaron el material a la Municipalidad de Trevelin y que luego intervino personal de Vialidad Provincial. Además, quedó acreditado que Juan Carlos Vinay indicó de dónde debía extraerse el material y que el transporte fue realizado por una empresa privada pagada por los propios vecinos.
Para los jueces, el trámite contó con autorización de superiores dentro de Vialidad. La aprobación final había sido otorgada por el director de Conservación del organismo, Felipe Sagasta.
Otro de los puntos centrales fue que no existió una venta comercial del material, ya que la entrega fue gratuita. Según interpretó el tribunal, la normativa citada por la Fiscalía regula únicamente operaciones con fines comerciales.
Además, remarcaron que actualmente no existe una reglamentación clara dentro de Vialidad Provincial que prohíba específicamente este tipo de entregas de material de descarte.
Dudas sobre el carácter del camino
Durante el juicio también se discutió si el callejón beneficiado era un camino privado o público. Mientras la Fiscalía sostenía que era privado, la defensa argumentó que se trataba de un espacio público.
Ante la falta de certezas, el tribunal aplicó el principio “in dubio pro reo”, que establece que ante la duda debe favorecerse al acusado, y consideró el camino como un bien público.