Los diputados nacionales Juan Pablo Luque y Guillermo Michel presentaron un proyecto de ley que propone incorporar la pesca ilegal al Código Penal argentino, con el objetivo de establecer penas de prisión para quienes realicen actividades que afecten la conservación de los recursos pesqueros, la sustentabilidad ambiental y la soberanía nacional sobre el Mar Argentino.
La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra las conductas más graves vinculadas a la explotación ilegal de los recursos marítimos, que actualmente son tratadas principalmente como infracciones administrativas. De aprobarse, determinados hechos podrían ser perseguidos penalmente cuando generen daños significativos sobre los recursos naturales o vulneren los mecanismos de control establecidos por el Estado.
Endurecer las sanciones para frenar la depredación
Según explicó Luque, durante años numerosas prácticas de depredación de los recursos marítimos no tuvieron consecuencias proporcionales al daño ocasionado.
El legislador sostuvo que cuando se afecta el Mar Argentino no solo se perjudica al ecosistema, sino también al empleo, a las economías regionales y al futuro de las comunidades costeras que dependen de la actividad pesquera.
La propuesta establece penas de prisión para quienes realicen capturas durante períodos de veda, pesquen especies protegidas, operen en áreas restringidas por razones de conservación, utilicen métodos prohibidos o oculten capturas con el objetivo de evadir controles oficiales.
Casos agravados y responsabilidad empresarial
El proyecto incorpora agravantes para situaciones consideradas de mayor gravedad. Entre ellas se incluyen los casos que involucren especies amenazadas, actividades dentro de áreas protegidas, el uso de explosivos o sustancias tóxicas, la participación de funcionarios públicos y la intervención de embarcaciones extranjeras que operen sin autorización en aguas bajo jurisdicción argentina.
Además, la iniciativa amplía el alcance de las responsabilidades penales a quienes formen parte de la cadena económica vinculada a la pesca ilegal.
En ese sentido, también podrán ser alcanzados quienes compren, transporten, almacenen, industrialicen o comercialicen productos obtenidos mediante actividades ilegales, siempre que tengan conocimiento de su origen. El proyecto contempla, además, mecanismos específicos para responsabilizar a empresas que se beneficien de estas prácticas.
Apuntan a toda la estructura detrás de la actividad ilegal
Para los autores de la iniciativa, el combate contra la pesca ilegal requiere una estrategia integral que no se limite únicamente a quienes realizan las capturas.
Luque afirmó que detrás de estas actividades existe una estructura económica que financia, encubre y obtiene ganancias a partir de la explotación ilegal de los recursos marítimos. Por ese motivo, consideró necesario que la legislación alcance a todos los eslabones involucrados en la actividad.
El diputado remarcó que la depredación de los recursos pesqueros genera consecuencias ambientales que pueden tardar décadas en revertirse y sostuvo que el Estado debe actuar con mayor firmeza frente a estas situaciones.
Soberanía, trabajo y recursos para las futuras generaciones
La propuesta legislativa también pone el foco en la defensa de los recursos estratégicos del país y en la protección del patrimonio natural argentino.
Para Luque, la discusión trasciende la actividad pesquera y se vincula directamente con la soberanía nacional, la generación de empleo, el desarrollo productivo y la preservación de recursos fundamentales para las próximas generaciones.
En ese marco, el legislador sostuvo que quienes depreden el Mar Argentino deben enfrentar consecuencias más severas y advirtió que la intención del proyecto es que estas conductas dejen de resolverse únicamente mediante sanciones económicas y puedan ser juzgadas por la Justicia penal.