Desde la cordillera también se observa con preocupación cómo el conflicto pesquero se convirtió en un escándalo nacional. La denuncia presentada en Estados Unidos —que menciona un presunto pedido de coima por US$ 6,5 millones— reavivó tensiones en un sector que hoy tiene su actividad prácticamente detenida en toda la provincia.
El ida y vuelta entre Red Chamber y Profand expuso un nivel de improvisación que repercute más allá de la costa: permisos otorgados sin informes técnicos visibles, una planta que cambia de manos con semanas de diferencia y un acuerdo judicialmente homologado por el Superior Tribunal de Justicia, en un movimiento sin antecedentes recientes para un conflicto de naturaleza administrativa.
La falta de transparencia es el elemento que más inquieta: no se conocen los expedientes completos, no se explicaron los fundamentos que justificaron la marcha atrás con Profand y tampoco se aclaró qué pasó con las “irregularidades” que el propio Gobierno había adjudicado a Red Chamber hace tan solo semanas.
En este contexto, mientras Buenos Aires discute la denuncia y sus implicancias internacionales, en Chubut los medios más grandes guardan silencio. Un silencio que contrasta con la gravedad del caso y que deja a la ciudadanía sin respuestas.
El pedido es uno solo: claridad. Y esa claridad solo llegará si el Gobierno publica los documentos, los informes técnicos y las decisiones completas que fundamentaron cada cambio repentino. Hasta entonces, la incertidumbre es provincial.