La denuncia que involucra a Red Chamber y Profand desató una crisis de confianza. Mientras la actividad pesquera está paralizada, la provincia exige que el gobernador Torres muestre «papel por papel» para despejar la sospecha de blindaje político.
El conflicto pesquero en Chubut escaló de ser un «tema de muelle» a ocupar las portadas de los medios nacionales. El escándalo, centrado en la demanda civil que expone un presunto pedido de coima de US$ 6,5 millones , no se detiene, pero en la provincia, la situación es doblemente grave: la actividad está paralizada , los gremios exigen claridad en las reglas , y los grandes medios locales optan por un «silencio ensordecedor».
La explicación que circula en los pasillos sobre este mutismo mediático es la dependencia de la pauta pública, lo que resulta en «menos preguntas incómodas» y un claro «blindaje político» al poder ejecutivo.
El fondo del problema, sin embargo, reside en la desprolijidad e inseguridad jurídica con que se han tomado las decisiones:
Se emitieron permisos “exprés” de la noche a la mañana.
La planta de Alpesca fue entregada a Profand, pero a los pocos días, fue devuelta a Red Chamber.
Incluso el Superior Tribunal de Justicia (STJ) homologó un acuerdo entre el Estado y un privado en lo que, en esencia, es un conflicto administrativo.
Si el gobernador Ignacio Torres pretende «despejar dudas» sobre una posible devolución de favores o de haber cambiado todo por la presión de una acusación de coima , el camino, según los analistas, es uno solo : publicar los expedientes completos (informes, dictámenes, fundamentos y firmas) y dar una explicación documentada de por qué los permisos precarios no violan la ley.