El vuelco político tras la demanda presentada en Estados Unidos sacudió a toda la provincia. En menos de una semana, el Gobierno desplazó a Profand, habilitó el regreso de Red Chamber y otorgó permisos pesqueros en tiempo récord. El caso instala un debate profundo sobre transparencia estatal y solidez institucional en Chubut.
La denuncia presentada por Red Chamber en una corte estadounidense —donde se detalla un presunto pedido de coimas por US$ 6,5 millones vinculado a un funcionario de Chubut— no solo agitó la agenda política: obligó al gobierno de Ignacio Torres a dar un giro abrupto que reconfiguró todo el tablero pesquero. Y el impacto se siente en cada rincón de la provincia, incluida la cordillera.
El episodio tuvo tres movimientos clave. El primero, la entrega de permisos pesqueros “exprés”, sin los informes técnicos de biomasa, esfuerzo ni impacto en puertos y plantas que exige la normativa. El segundo, aún más ruidoso, fue la decisión de entregar la planta ex Alpesca a Profand, para luego retirársela a los pocos días y restituirla a Red Chamber, la misma empresa a la que el propio Ejecutivo había acusado de incumplir obligaciones. El tercero es el silencio oficial: no hubo publicación de expedientes, dictámenes ni resoluciones que expliquen el viraje.
En Esquel y la región cordillerana, donde el debate sobre la institucionalidad suele tener impacto transversal, la pregunta se volvió inevitable: ¿Puede un gobierno cambiar operadores y permisos de un recurso público sensible sin un andamiaje documental sólido?
Las cámaras y gremios del sector pesquero insisten en que los permisos “precarios” dictados por urgencia son susceptibles de impugnaciones por desvío de finalidad. A esto se suma la falta de claridad sobre las supuestas irregularidades que Torres le atribuía a Red Chamber meses atrás: cánones impagos, inversiones no ejecutadas y obligaciones incumplidas. Si esas fallas existían, ¿qué acto administrativo las dejó sin efecto? Si no existían, ¿por qué se usaron para justificar la salida de la empresa?
Profand, que hasta hace unos días aparecía como nuevo operador, quedó en el centro de un esquema de decisiones que se perciben erráticas y discrecionales.
A esta altura, la lectura política domina el análisis: la denuncia por coimas actuó como detonante de un reordenamiento acelerado, con resoluciones que no fueron explicadas y con un nivel de improvisación que vuelve a poner a Chubut en el debate sobre la seguridad jurídica. Para despejar dudas, el Ejecutivo tiene un único camino posible: publicar los expedientes completos, las firmas, los dictámenes y las razones que justificaron el cambio.
Mientras eso no ocurra, la sensación en toda la provincia —también en la cordillera— es que se reescribió la política pesquera a contrarreloj, en medio de un escándalo que cruza fronteras y deja más preguntas que respuestas.
RESOLUCION
