El juicio oral y público por el incendio que consumió 70 hectáreas en la zona rural de Nahuelpan comenzó con un eje central que será determinante para el futuro procesal de Héctor Gabriel Quilaqueo: establecer si el fuego fue provocado de manera intencional o si se trató de un hecho accidental.
El debate se desarrolla ante un tribunal unipersonal y gira en torno a un episodio ocurrido el 26 de enero de 2025, cuando un incendio de grandes dimensiones avanzó rápidamente sobre campos rurales y puso en riesgo a familias de la zona.
Un incendio que generó daños materiales y ambientales
Según se expuso durante la apertura del juicio, el siniestro se produjo alrededor de las 13:30 horas en un contexto climático adverso. La jornada se caracterizaba por altas temperaturas, cercanas a los 27 grados, y fuertes ráfagas de viento que favorecieron la rápida propagación de las llamas.
Como consecuencia, el fuego arrasó aproximadamente 70 hectáreas y destruyó unos 1.200 metros de alambrado. Además, generó una situación de peligro para tres familias que residían en las inmediaciones.
La fiscal María Bottini remarcó durante el debate la relevancia ambiental del caso, al señalar que los daños no se limitaron a propiedades particulares sino que también afectaron al medio ambiente, considerado un bien colectivo protegido por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
Los puntos que ya no están en discusión
Tanto la Fiscalía como la Defensa coincidieron en varios aspectos que ya fueron incorporados como hechos acreditados dentro del proceso.
Entre ellos, quedó establecido que Quilaqueo estuvo presente en el lugar el día del incendio y que sufrió graves quemaduras que requirieron su internación en terapia intensiva.
También se acreditó que, antes de que comenzaran las llamas, tomó fotografías con su teléfono celular Samsung J2 de un vehículo que se encontraba descargando animales en la zona. Posteriormente, una vez iniciado el incendio, registró y conservó una imagen del fuego.
Estos elementos forman parte de la prueba que será analizada durante las audiencias, aunque las interpretaciones sobre su significado difieren entre las partes.
La acusación sostiene que existió una acción premeditada
La teoría presentada por la Fiscalía, integrada por la fiscal María Bottini y el procurador Ismael Cerda, sostiene que el incendio fue provocado deliberadamente con la intención de ocasionar daños a bienes vinculados a la familia Aguado.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal afirman que existía un conflicto vecinal previo y consideran que el acusado, por ser conocedor del territorio y de las condiciones habituales de la zona, era plenamente consciente del riesgo que implicaba iniciar un foco ígneo en una jornada marcada por el calor y el viento.
Durante el juicio, la acusación prevé presentar testimonios de policías, vecinos, especialistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, un perito informático y un perito especializado en incendios.
Además, la Fiscalía sostiene que las lesiones sufridas por Quilaqueo no eliminan una eventual responsabilidad penal, aunque entienden que ese aspecto podría ser considerado en una eventual etapa de determinación de pena.
La defensa asegura que fue un accidente
La postura de la defensa particular es completamente opuesta. Los abogados sostienen que Quilaqueo nunca tuvo la intención de generar un incendio de semejante magnitud y afirman que el episodio debe ser considerado un hecho culposo, es decir, accidental.
En ese sentido, remarcan que el imputado resultó gravemente herido durante el siniestro y sostienen que fue una de las principales víctimas de lo ocurrido.
Asimismo, cuestionan la acusación fiscal y aseguran que existe una supuesta persecución política vinculada a la pertenencia de Quilaqueo a una comunidad originaria.
Con el inicio de las audiencias, el tribunal deberá analizar la prueba testimonial, pericial y documental para determinar qué ocurrió aquella tarde de enero en Nahuelpan y establecer si el incendio fue consecuencia de una conducta intencional o de un trágico accidente.