La justicia decidió que la imputada por el homicidio de su pareja permanezca tras las rejas, al menos hasta el próximo 28 de mayo, tras una intensa audiencia donde la Fiscalía logró desarticular los intentos de la defensa por conseguir un arresto domiciliario. Pese a que el nuevo abogado de la mujer presentó un informe socioambiental destacando su conducta laboral ejemplar durante dos décadas en un hospital rural y denunció un contexto de violencia de género crónica, la magistrada interviniente consideró que el riesgo de entorpecer la causa sigue siendo demasiado alto para permitirle regresar a su hogar.
El fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti expusieron argumentos contundentes que pintan un perfil inquietante de la acusada. Según los investigadores, días antes del fatídico desenlace, la mujer habría sido vista colocando un cuchillo en el cuello de la víctima mientras le recriminaba una supuesta infidelidad, sumado a episodios de furia donde intentó derribar aberturas de su casa con un hacha. Sin embargo, el dato que más impacto causó en la sala fue la presunta «frialdad» posterior al crimen: la fiscalía sostiene que la mujer envió una fotografía del cuerpo sin vida de su pareja a su propio hijo el día del hecho, un acto que los acusadores interpretan como revelador de su comportamiento.
Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que, al tratarse de una comunidad pequeña como Tecka, la libertad de la imputada condicionaría a los testigos, muchos de los cuales tienen vínculos estrechos o incluso dependencia económica con ella. Además, los investigadores refutaron la teoría de la legítima defensa inmediata, señalando que la mujer no presentaba lesiones ni existen registros de denuncias previas en la Comisaría de la Mujer o testimonios de allegados y pastores que confirmen que ella era víctima de maltratos durante los 26 años de relación.
Por su parte, la jueza de la carpeta mantuvo la prisión preventiva basándose en la gravedad del hecho —un homicidio agravado que prevé prisión perpetua— y en la necesidad de proteger la recolección de pruebas pendientes. Aunque la magistrada aclaró que analiza el caso con perspectiva de género y no descarta la hipótesis de la defensa como una posibilidad seria a investigar, subrayó que los riesgos procesales actuales impiden la morigeración de la medida. De esta manera, la situación económica del núcleo familiar y la pérdida del salario de la mujer quedaron en un segundo plano frente a la necesidad de garantizar que la investigación avance sin interferencias hasta la nueva revisión fijada para finales de mayo.