El acusado pasará a cumplir la medida cautelar en una vivienda bajo estrictas pautas de conducta. El juez advirtió que ante cualquier incumplimiento regresará de inmediato al calabozo.

En una audiencia celebrada este viernes en los tribunales locales, la Fiscalía y la Defensa Pública acordaron la modificación de la medida de coerción para uno de los hombres imputados por la violenta agresión grupal ocurrida el pasado 19 de agosto. A partir de esta resolución, el acusado dejará la celda policial y pasará a cumplir prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El feroz ataque que dio origen a la causa judicial se desencadenó cuando un joven y su familia sufrieron graves amenazas en las inmediaciones de la plaza San Martín. La tensión escaló rápidamente hasta un ataque a tiros contra el frente de su vivienda. Al intentar defenderse, la víctima fue emboscada por un grupo de personas en la parte alta del barrio, donde le propinaron una paliza, le cortaron el cabello y le provocaron heridas con un arma blanca —agresión ejecutada por un menor de edad—, dejándolo tirado en la vía pública antes de ser trasladado de urgencia al hospital.

Informes clave y contención familiar

El imputado beneficiado permanecía detenido en la Comisaría Segunda desde el 28 de agosto por existir riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. Sin embargo, durante la audiencia la Defensa Pública presentó un informe socioambiental favorable sobre un domicilio en el barrio Ceferino, sumado a pericias psicológicas y un esquema de contención familiar que lograron atenuar dichos riesgos.

Ante la falta de oposición por parte de los representantes de la fiscalía, el magistrado interviniente autorizó la sustitución del encierro en la seccional por el arresto domiciliario, beneficio que se extenderá hasta el mes de febrero.

Aviso contundente y la situación del resto de la banda

Durante el acto judicial, el juez dejó una advertencia tajante: cualquier tipo de incumplimiento o salida no autorizada del domicilio fijado provocará la revocación inmediata de la medida y el reingreso automático del acusado a un calabozo.

Por su parte, los demás coimputados mayores de edad continuarán privados de la libertad en las dependencias policiales donde se encuentran alojados, mientras que el menor involucrado seguirá alojado en el Centro Orientador Socioeducativo (COSE). La revisión conjunta de las medidas cautelares para todos los implicados en la causa quedó programada para febrero de 2027.