El Concejo Deliberante recibe este martes la iniciativa para reglamentar el servicio de transporte por aplicación en la ciudad. Sin embargo, la jueza de Faltas municipal, Adriana Conesa, aclaró que la actividad sigue sin estar permitida y recordó que los controles y sanciones a choferes no autorizados se mantendrán vigentes para resguardar la seguridad de los pasajeros.

El escenario del transporte urbano en Esquel podría dar un giro clave en las próximas horas. Este martes ingresa formalmente al Concejo Deliberante el esperado proyecto de ordenanza para reglamentar el funcionamiento de plataformas como Uber en la ciudad. No obstante, hasta que la normativa sea tratada y sancionada por los ediles, la actividad continúa operando en la ilegalidad, por lo que los operativos de control y la aplicación de multas siguen firmemente vigentes.

Ante este panorama, la jueza de Faltas municipal, Adriana Conesa, brindó detalles en una entrevista sobre cómo está actuando el Municipio frente a la circulación de estos vehículos y aclaró los motivos detrás de las penalizaciones económicas.

«No está permitido ni reglamentado»

Consultada sobre la situación legal de la aplicación en la localidad cordillerana, Conesa fue categórica al señalar que el servicio carece de aval legal: «Hoy el Uber o ese sistema de aplicación que está vigente en otros lugares del país, en la ciudad [de Esquel] todavía no está permitido ni reglamentado».

En este sentido, la funcionaria explicó el procedimiento que se aplica cuando los inspectores detectan a un conductor operando por fuera de las normativas vigentes: «En el caso de que se encuentre una persona realizando el servicio, lo que correspondería sería, bueno, luego del control, la aplicación de las multas previstas».

Dichas sanciones recaen sobre la falta de habilitación municipal correspondiente. Según detalló la magistrada, la infracción contempla un importe que oscila entre los 500 y los 1.000 módulos municipales. Tomando en cuenta que cada módulo cotiza actualmente a 3.150 pesos —un valor que se actualiza cuatrimestralmente—, las multas alcanzan cifras elevadas para los infractores. Además, Conesa confirmó que ya existen antecedentes judiciales en la materia: «Sí, hemos tenido casos. No recuerdo exactamente cuál fue el último, pero sí hemos condenado».

Una cuestión de seguridad, no de recaudación

Uno de los ejes en los que hizo hincapié la jueza de Faltas estuvo relacionado con el propósito de los controles vehiculares. Lejos de buscar una finalidad fiscalista, Conesa remarcó que el trasfondo primordial es la protección de los usuarios: «Se están haciendo controles, como siempre se han hecho, respecto de los vehículos que trasladan personas y que no estén habilitados por la municipalidad».

Asimismo, enfatizó que la exigencia de permisos no responde a una estrategia financiera del Estado local: «Este tema de la habilitación no es solamente una cuestión recaudatoria por parte del municipio, sino que esto tiene mucho que ver con la seguridad del pasajero, ¿no?».

Para fundamentar su postura, la magistrada advirtió sobre los riesgos que implica contratar un transporte no regulado: «En realidad, para poder tomar este servicio hay que contratar seguros y demás, que las personas que están realizando este servicio fuera de la norma no pueden ofrecer esa seguridad al pasajero».

Mientras el debate se traslada ahora al recinto del Concejo Deliberante con el ingreso del nuevo proyecto, desde el Juzgado de Faltas recordaron que las reglas actuales siguen corriendo y que los operativos continuarán en resguardo de las normativas vigentes.