El abogado Daniel Sandoval afirmó que Miguel Edgardo Batista y su entorno vivían recluidos debido a amenazas, agresiones y un fuerte trauma social. Anticipó que pedirá la morigeración de la detención tras analizar los resultados de la Cámara Gesell.
El resonante caso que involucra a Miguel Edgardo Batista, el bioquímico e investigador de 71 años imputado por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona en Esquel, sumó nuevos detalles sobre la hipótesis de la defensa. En declaraciones recientes, su abogado defensor, Daniel Sandoval, sostuvo que el hermetismo y las particulares condiciones en las que vivía el grupo familiar respondían a un «autorresguardo» generado por un bucle de desconfianza en el sistema, extorsiones violentas y señalamientos sociales.
El letrado precisó que Batista se encuentra actualmente alojado en la comisaría de la localidad de Trevelin. En relación con la actividad profesional de su asistido, aclaró que cuenta con matrícula federal como bioquímico y farmacéutico —aunque no ejerció en el ámbito local— y que el único sustento económico de la familia proviene de la investigación, elaboración y comercialización de productos y extractos naturales a través de empresas debidamente registradas y publicadas en el Boletín Oficial desde 2022.
Trauma, extorsiones violentas y alteración del ritmo circadiano
Sandoval remarcó que las acusaciones fiscales parten de una mirada subjetiva sobre el estilo de vida familiar. Según la defensa, el aislamiento comenzó tras ser víctimas de un grave raid extorsivo iniciado en Buenos Aires y perpetuado en la cordillera.
El abogado detalló que los extorsionadores —un hombre y su pareja— fueron juzgados y condenados por el Juzgado Correccional y Criminal N° 16 de San Martín a penas de prisión efectiva. El principal imputado cumple una condena unificada de 9 años de cárcel en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, mientras que la mujer recibió una pena de 5 años y medio.
A pesar de haber buscado tranquilidad mudándose a la Patagonia, las agresiones continuaron en 2022:
«Fueron extorsionados, condenan al imputado y, tras recorrer 2.000 kilómetros hasta acá, reciben una feroz golpiza en una estación de servicio de Trevelin donde le exigían firmar pagarés. La causa en Esquel terminó archivada por falta de inacción para notificar al agresor. Eso generó un descreimiento en el sistema y, en vez de justicia, decidieron encertarse para autoprotegerse», enfatizó Sandoval.
El abogado agregó que la reclusión provocó una alteración severa en las pautas biológicas de la familia, invirtiendo sus rutinas al vivir de noche y dormir de día. De acuerdo con especialistas consultados por la defensa, esta alteración del ritmo circadiano produjo una disfuncionalidad biológica y psíquica que desencadenó trastornos del sueño y la alimentación en los integrantes del hogar.
Estigmatización social y próximos pasos judiciales
A la situación de acoso y temor se sumó, según la defensa, una persistente presión y mirada juzgadora del entorno hacia la pareja, compuesta por un hombre de 71 años y una mujer de 42, casados legalmente desde hace 22 años y padres de tres hijos de 19, 17 y 13 años.
«Hay una estigmatización social sobre cómo un hombre de esa edad puede estar con una mujer más joven. Esos cuestionamientos y miradas hicieron que la señora se sintiera menoscabada, profundizando aún más la decisión familiar de no exponerse», explicó el letrado.
Respecto del avance del expediente, Sandoval confirmó que en las próximas jornadas se tomará conocimiento formal de los resultados obtenidos en la declaración en Cámara Gesell. En función de esos elementos, la defensa solicitará de manera inminente el cese de la prisión preventiva o, en su defecto, una morigeración en las condiciones de detención del investigador.
