La Justicia resolvió archivar una causa penal contra un hombre que padece una enfermedad de salud mental progresiva e irreversible, tras confirmarse mediante peritajes médicos que no cuenta con las facultades necesarias para comprender el proceso judicial ni responder por sus actos. La decisión fue adoptada por el juez penal interviniente luego de una serie de medidas impulsadas por la Fiscalía, que buscaba continuar con el proceso pero finalmente debió ajustarse a lo establecido por la ley en casos de inimputabilidad.
El caso fue investigado por el equipo de género de la Fiscalía, que llevó adelante diversas actuaciones y solicitó la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense para evaluar el estado de salud del denunciado. Los especialistas determinaron que el hombre padece una enfermedad que provoca un deterioro progresivo de la salud mental, afectando de manera irreversible sus capacidades cognitivas.
Durante la audiencia judicial, los expertos explicaron que esta condición genera una pérdida de las facultades mentales que le impide comprender la criminalidad de sus actos y enfrentar un juicio. A partir de estas conclusiones, el magistrado resolvió declarar su incapacidad y cerrar la investigación penal, tal como prevé el Código Procesal cuando una persona es considerada inimputable.
El denunciado reside en Trelew, donde actualmente realiza un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, suele trasladarse a Esquel para visitar a su familia, y fue en esa ciudad donde se registraron situaciones violentas que derivaron en denuncias por parte de personas afectadas.
Aunque la causa penal se cierra, la Fiscalía y el juez coincidieron en que el Estado debe seguir interviniendo para evitar riesgos y proteger tanto a las víctimas como a la comunidad. Por ese motivo, se dispuso la intervención del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Salud de la Provincia, además de remitir todas las actuaciones al Juzgado de Familia de Trelew.
La participación de la Justicia de Familia será clave para determinar cuáles son las medidas de protección y control más adecuadas en función de la situación clínica del hombre. Entre las alternativas que podrían evaluarse figuran ajustes en su tratamiento médico o incluso una posible internación involuntaria si se considera necesaria para resguardar su salud y la seguridad de terceros.
Mientras tanto, el juez ordenó mantener vigentes todas las medidas de protección para las víctimas hasta que el Juzgado de Familia adopte una resolución definitiva. También dispuso que las autoridades de seguridad brinden protección adicional a la denunciante para prevenir cualquier situación de riesgo.
De esta manera, la resolución judicial establece un cambio en el abordaje del caso: se cierra la vía penal debido a la incapacidad del denunciado, pero el seguimiento continuará en el ámbito civil y sanitario, donde se evaluarán las acciones necesarias para garantizar el cuidado del paciente y la protección de las personas involucradas.