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Del calabozo a la impunidad frustrada: Fiscalía exige confirmar los 6 años de prisión para el policía extorsionador

El Ministerio Público Fiscal rechazó la impugnación de la defensa de Juan Emilio Llaipen. Con chats explícitos de WhatsApp, abuso de armas y un botín económico, los fiscales demostraron cómo el oficial obligó a un detenido a entregar su vehículo bajo amenazas de trasladarlo con «violadores y homicidas». El exoficial tiene una condena previa por robo con armas en Comodoro Rivadavia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) plantó una postura firme ante la Cámara en lo Penal al oponerse de manera tajante al recurso de impugnación presentado por la defensa del oficial de policía Juan Emilio Llaipen. Los fiscales María Bottini y el procurador Ismael Cerda solicitaron la confirmación íntegra de la sentencia a seis años de prisión de efectivo cumplimiento, dictada tras hallarlo culpable del grave delito de extorsión contra un ciudadano privado de su libertad.

Mientras la defensa técnica intentó desacreditar la existencia del delito catalogando la condena como «arbitraria», la fiscalía desarmó la estrategia argumentando detalladamente cómo el exoficial utilizó su poder, su arma reglamentaria y la extrema vulnerabilidad de la víctima para obligarla a transferir un automóvil.

Las pruebas clave: Mensajes mafiosos, abuso de poder y $500.000 por Mercado Pago

La acusación reconstruyó el carácter clandestino del operativo que Llaipen montó dentro de la comisaría, valiéndose de un plan sumamente coordinado para amedrentar al detenido Nicolás Esteban. Entre los puntos más contundentes que sostienen la condena de seis años se destacan:

El intento de la defensa por rebajar la pena a una «tentativa»

La defensa del policía intentó mitigar el impacto de la condena argumentando que las cámaras de seguridad no muestran violencia física explícita. Además, alegó que debido a que el Formulario 08 finalmente fue rechazado por el Registro Automotor, no existió un «perjuicio económico real». Bajo esa línea, argumentaron que los $500.000 recibidos fueron una simple «ayudita» administrativa, por lo que solicitaron que el hecho fuera encuadrado como una mera «tentativa» para reducir los años de cárcel.

Sin embargo, la fiscalía fue tajante: el delito de extorsión se consumó en el momento exacto en que el detenido firmó el formulario bajo coacción, obligándolo a disponer de un bien en ese mismo instante, independientemente de que el trámite administrativo fracasara o se trabara con posterioridad.

La palabra del imputado y un pesado prontuario en Comodoro

Durante la audiencia, el propio Juan Emilio Llaipen tomó la palabra para ejercer su defensa material. Intentó justificar sus movimientos alegando que se había quitado el arma en un sector donde el preso supuestamente no podía verlo debido a la disposición física de las paredes, y que las advertencias a la madre del detenido eran solo por «razones de rutina». Asimismo, aseguró que cuando fue interceptado y detenido en la ruta no intentaba darse a la fuga, sino que viajaba a la ciudad de Comodoro Rivadavia por razones médicas y para visitar a su hija.

A pesar de sus declaraciones de inocencia, el perfil de Llaipen complica su panorama judicial: el exoficial cuenta con antecedentes penales computables y posee una condena previa firme por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cometido en Comodoro Rivadavia, lo que pulveriza cualquier posibilidad de acceder a un beneficio de ejecución condicional.

Cuenta regresiva para el veredicto definitivo

Tras escuchar los alegatos finales de las partes, las réplicas y la declaración del imputado, el tribunal dio por concluida la audiencia de impugnación. Los jueces informaron que tras deliberar, la lectura de la sentencia definitiva que determinará si se confirman los seis años de prisión efectiva para Llaipen se realizará el próximo 11 de junio a las 12:00 horas.

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