Una investigación judicial permitió desarticular un esquema de estafas con vehículos que operó durante los primeros meses de 2026 y dejó a varias víctimas con importantes pérdidas económicas. La causa avanzó hacia una resolución alternativa que prioriza la reparación inmediata del daño: los imputados deberán restituir bienes, entregar documentación clave y afrontar pagos millonarios como condición para evitar el juicio oral.
El acuerdo fue impulsado por el procurador de fiscalía Ismael Cerda y aceptado tanto por la defensa como por los damnificados. La salida se enmarca en la figura de suspensión de juicio a prueba, un mecanismo que en los últimos años ha cobrado relevancia en el sistema judicial argentino por su enfoque en la restitución rápida a las víctimas, especialmente en delitos económicos.
Un plan sistemático para cometer estafas con autos
De acuerdo con la investigación, la pareja imputada ejecutó entre febrero y marzo de 2026 un plan organizado para engañar a compradores y vendedores en operaciones de compra-venta de automotores. El esquema combinaba maniobras que simulaban legalidad con estrategias para generar confianza y evitar sospechas.
Uno de los métodos consistía en realizar pagos mínimos en concesionarias oficiales de Buenos Aires. Esto permitía que, ante consultas de las víctimas, las agencias confirmaran la existencia de un trámite a nombre de los imputados, funcionando como un “anzuelo” que legitimaba la operación.
A su vez, utilizaban los llamados “vehículos mula”: autos de menor valor, como Volkswagen Suran, que entregaban temporalmente a las víctimas para evitar que se quedaran sin movilidad mientras esperaban unidades de mayor gama que nunca llegaban.
El entramado se completaba con el uso de pagarés impagos y formularios 08 firmados, herramientas que reforzaban la apariencia de una transacción legal. Una vez obtenidos los vehículos o el dinero, los imputados transferían rápidamente los bienes a terceros o los ocultaban para dificultar su recuperación.
Devolución de vehículos y pagos millonarios
El acuerdo judicial establece una serie de condiciones estrictas que deberán cumplirse durante tres años. Entre las principales medidas se destaca la restitución inmediata de un Volkswagen Amarok y la entrega de documentación correspondiente a dos VW Suran y un VW Vento.
Además, los imputados deberán realizar compensaciones económicas significativas:
Una de las víctimas recibirá 60 millones de pesos por la pérdida de una camioneta Toyota 2023, monto que será abonado en cinco cuotas mensuales.
Otro damnificado percibirá 22.000 dólares, pagaderos en tres cuotas.
Un tercer afectado recibirá 6,5 millones de pesos en dos pagos.
Control judicial y condiciones estrictas
El cumplimiento del acuerdo será monitoreado de cerca. La pareja deberá presentarse dos veces por semana ante las autoridades para acreditar su domicilio y demostrar su sujeción al proceso judicial.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones —ya sea la falta de pago o la violación de las reglas de conducta— implicará la revocación del beneficio. En ese caso, la causa avanzará directamente hacia un juicio oral y público.
Crecen las estafas en compra-venta de vehículos
Este tipo de maniobras no es aislado. En los últimos años se ha registrado un incremento de estafas vinculadas a la compra-venta de autos, especialmente en operaciones informales o mediadas por redes sociales. Especialistas recomiendan verificar siempre la titularidad del vehículo, evitar pagos anticipados sin respaldo y confirmar las operaciones directamente con concesionarias oficiales.
El caso vuelve a poner en foco la importancia de los controles y la prevención, así como el rol de la Justicia en garantizar no solo la sanción, sino también la reparación efectiva para las víctimas.