El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenaba la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, al considerar que la decisión judicial avanza sobre atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo.
El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín por la Procuración del Tesoro de la Nación, con la firma del procurador Santiago Castro Videla, quien sostuvo que la sentencia causa un perjuicio al Estado al imponer gastos sin respaldo presupuestario.
El fallo había sido dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró nulo el artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 y dispuso la ejecución inmediata de la ley. Si bien la apelación fue concedida, tendrá efecto devolutivo, por lo que la resolución seguirá vigente mientras se analiza el caso.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la norma fue promulgada pero su implementación quedó suspendida debido a la falta de definición de fuentes de financiamiento, lo que —según el Gobierno— compromete el programa de equilibrio fiscal.
La resolución judicial, en tanto, priorizó los derechos constitucionales de las personas con discapacidad y remarcó la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud, la educación y la rehabilitación, conforme a los tratados internacionales vigentes.
Ahora, la definición sobre la vigencia inmediata de la ley y los límites entre los poderes del Estado quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín.
Fuente: Minuto Uno