Un productor agrícola de la localidad de El Hoyo, identificado como Enrique Silva, deberá pagar una multa de 500 mil pesos para resarcir a una víctima de trata de personas y explotación laboral, evitando así enfrentar un juicio oral y público que podría haberle costado una pena de hasta 10 años de prisión.
El acuerdo fue homologado por el juez Alejandro Cabral, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, tras la imputación contra Silva por haber trasladado a una joven de una comunidad originaria desde La Tigra, Chaco, hasta su establecimiento “Frutícola Silva” en Chubut, con una promesa laboral engañosa.
La víctima, identificada con las iniciales Y.M.V., estuvo alojada en la propiedad del productor entre el 12 y el 21 de septiembre de 2021. Durante ese período, según la denuncia radicada en la justicia, Silva se aprovechó de su situación de vulnerabilidad y la sometió a extensas jornadas laborales de 13 horas diarias.
La investigación, que fue elevada a juicio por el Juzgado Federal de Esquel en julio de 2024, reveló el calvario de la joven. Según su testimonio, fue obligada a limpiar locales comerciales de Silva y luego a realizar tareas domésticas en casas y oficinas de la chacra. Finalmente, fue destinada a la plantación de frutillas, donde denunció que «trabajó de 9 a 22 horas y que su patrón le dejaba comida vencida». Además, la mujer indicó que el imputado habría tenido «conductas impropias» hacia ella, lo que le generó un profundo temor.
El rescate de la joven fue posible gracias a una denuncia realizada por sus familiares en Chaco, lo que movilizó a la policía de Chubut para intervenir.
Frente a una posible condena de 5 a 10 años de prisión, la Defensa y la Fiscalía acordaron una solución alternativa al conflicto. El juez Cabral justificó la aceptación del acuerdo al señalar que en la causa «hay poca evidencia». Sostuvo que «una reparación del daño es una solución que armoniza las pretensiones de las partes y sirve para la paz social como solución del conflicto, la más reparadora para la víctima como para el imputado».
El acuerdo establece una reparación económica directa para la víctima, quien ya ha regresado a su provincia natal. En caso de que no pueda ser localizada para recibir el dinero, se dispuso que los 500 mil pesos sean destinados como donación al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.