La Fiscalía y la defensa acordaron una salida alternativa por el plazo de un año. La acusada deberá pagar una reparación económica y realizar tareas comunitarias en el área de Fauna Urbana de la Municipalidad.
En una audiencia celebrada en los tribunales locales, la Fiscalía y la defensa particular alcanzaron un acuerdo para aplicar una salida alternativa y resolver la situación procesal de una mujer que se encontraba imputada en una causa penal por los delitos de lesiones leves, daño, hurto y maltrato animal.
A través de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (mecanismo conocido como probation), amparado en el artículo 76 bis del Código Penal, el proceso en su contra quedará suspendido por el término de un año. Durante este periodo, la mujer estará sujeta al cumplimiento de estrictas reglas de conducta para evitar ir a juicio oral.
Los términos del acuerdo
Para poder acceder a este beneficio legal, las partes consensuaron una serie de obligaciones que la imputada deberá ejecutar rigurosamente:
-
Tareas comunitarias: La mujer deberá cumplir un total de 10 horas de trabajo comunitario destinadas específicamente al área de Fauna Urbana de la Municipalidad. Como requisito previo al inicio de las labores, tendrá que gestionar un seguro obligatorio.
-
Reparación económica: Se fijó el pago de $50.000 a favor del denunciante. Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que el monto posee un carácter “simbólico”, debido a que en la negociación se priorizó la pacificación del conflicto y el trabajo comunitario por sobre el resarcimiento monetario. Cabe destacar que la víctima del hecho fue consultada previamente y manifestó su total conformidad con la medida.
Los fundamentos del beneficio
Tanto los representantes de la fiscalía como el magistrado interviniente coincidieron en que se cumplen todos los requisitos que exige la ley para otorgar la suspensión del proceso. Entre los argumentos principales que facilitaron la salida alternativa, se destacó la ausencia de antecedentes penales de la imputada y, fundamentalmente, el hecho de que el conflicto de base entre los involucrados ya ha cesado.
Según trascendió en la audiencia, el caso se originó en el contexto de una disputa de pareja que ya concluyó, la cual incluía el reclamo por un can que, actualmente, ya se encuentra en poder del denunciante. Por tal motivo, las autoridades consideraron que el destino elegido para las tareas comunitarias (Fauna Urbana) resulta idóneo, positivo para la comunidad y acorde al perfil de los delitos investigados.
Reglas de conducta y advertencia del juez
Durante los próximos doce meses, la imputada estará obligada a fijar un domicilio ante la Justicia, abstenerse de cometer nuevos delitos, mantener un trato respetuoso, acreditar de forma debida las horas de labor comunitaria y depositar el dinero de la reparación en la cuenta bancaria de la víctima.
Al finalizar el acto judicial, el juez Novarino se dirigió directamente a la mujer para lanzar una advertencia tajante sobre las consecuencias de no respetar lo pactado:
“Si usted cumple eso acabadamente durante el plazo estipulado, la causa se extingue a su favor. Si usted incumpliera alguna de las reglas de manera injustificada, la causa es susceptible de reanudarse en su contra”, concluyó el magistrado.