La Municipalidad de El Bolsón enfrenta un embargo millonario tras un fallo judicial que la responsabiliza por un grave accidente ocurrido en un espacio público. La medida, ya en ejecución, ordena retener parte de los fondos de coparticipación para pagar una indemnización que supera los 32 millones de pesos a una joven que sufrió lesiones permanentes en un juego infantil.
El caso se originó varios años atrás, cuando la víctima resultó herida en una plaza de la localidad. Según las pericias judiciales, el juego presentaba fallas estructurales evidentes, lo que descartó la hipótesis de un hecho fortuito. En la sentencia dictada en 2025, la Justicia rionegrina determinó que el municipio incumplió su deber de mantenimiento y control, al considerarlo responsable en su rol de “guardián” de los espacios públicos.
Pese a que el fallo quedó firme, la gestión municipal no realizó el pago voluntario de la indemnización. Esta situación llevó a la víctima a iniciar una ejecución de sentencia a fines del año pasado, lo que derivó en una medida más contundente por parte del tribunal.
La liquidación aprobada establece un monto de $22.840.846,23 en concepto de daños físicos, odontológicos y psicológicos, a lo que se suman cerca de 10 millones de pesos adicionales por intereses y costas legales. Frente a la falta de cumplimiento, la jueza dispuso el embargo de hasta el 10% de los ingresos diarios que el municipio recibe por coparticipación. Este mecanismo comenzó a aplicarse en marzo y continuará hasta cubrir la totalidad de la deuda.
El fallo también pone el foco en el estado de los juegos infantiles al momento del accidente. La investigación judicial concluyó que no se trató de un episodio aislado, sino de una consecuencia directa de la falta de conservación. La joven sufrió una incapacidad parcial y permanente, lo que marcó un antes y un después en su vida.
Más allá del impacto económico, la resolución judicial funciona como una advertencia para otras localidades de la región cordillerana. La falta de mantenimiento en espacios públicos no solo implica riesgos para la seguridad de los vecinos, sino que también puede derivar en consecuencias legales y financieras significativas para las administraciones municipales.
En un contexto donde crece la demanda social por entornos urbanos seguros, este caso refuerza la necesidad de controles periódicos, inversión en infraestructura y políticas de prevención que garanticen condiciones adecuadas en plazas y espacios recreativos.
Fuente: EQSNotas