La comunidad de la Escuela «23 de Marzo» responsabilizó al Gobierno Provincial y a las autoridades municipales por la integridad física de los alumnos. Advierten que hace meses se desprendió parte del techo de la biblioteca y que el edificio presenta graves grietas estructurales.
Un grito de auxilio y advertencia sacude al sistema educativo local. La comunidad educativa y familias autoconvocadas de la Escuela Provincial N° 7722 «23 de Marzo» emitieron un duro comunicado dirigido al gobernador Ignacio Torres y al ministro de Educación, José Luis Punta, exigiendo una solución inmediata a la crisis edilicia que atraviesa la institución.
El antecedente: Un derrumbe que pudo ser tragedia
El detonante de la preocupación se remonta al 10 de noviembre del año pasado. En aquella tarde, mientras la población estudiantil del turno tarde se encontraba en clases, ocurrió un desprendimiento de mampostería en la biblioteca escolar. A cinco meses de aquel episodio, las familias aseguran que no se han realizado los estudios estructurales necesarios para garantizar que no existan nuevos riesgos.
«Entendemos que no se han realizado las revisiones necesarias para afirmar que el edificio no se encuentra en peligro de derrumbe», expresaron a través de una nota pública.
Grietas y falta de controles
Las familias cuestionaron que la única intervención oficial hasta el momento fue una inspección ocular por parte de Obras Públicas, la cual consideran «insuficiente» dado el estado general del inmueble. Entre las denuncias más graves se destacan:
Fallas estructurales: Presencia de grietas importantes en las paredes de todo el edificio.
Incumplimiento de actas: La falta de controles semanales que habían sido pautados bajo acta escolar para monitorear el avance de las rajaduras.
Indefensión: La comunidad responsabilizó directamente a las autoridades por la seguridad de los niños, niñas y personal que asiste diariamente.
Un reclamo que escala a todas las autoridades
El pedido de «respuestas concretas y reales» no solo fue dirigido a la cartera educativa y de obras públicas, sino también al intendente Matías Taccetta, al Concejo Deliberante y a la supervisión regional.
«Cuando se naturaliza la irregularidad y la desidia, ocurren las tragedias», advirtieron las familias, haciendo un llamado a la memoria histórica del país respecto a incidentes en edificios públicos. Al cierre del comunicado, reiteraron que la situación es grave, insegura y urgente, y que aguardan una solución que garantice el derecho a una educación segura en Esquel.