El organismo provincial labró un acta de infracción tras constatar que el gobierno de Walter Cortés derribó 40 árboles exóticos sin autorización y violó los permisos vigentes. Hay incertidumbre por el destino de la madera.
La polémica por el violento cambio de fisonomía en la Costanera de Bariloche sumó un capítulo judicial y político de peso. El Servicio Forestal Andino (SFA) infraccionó formalmente a la Municipalidad tras comprobar que los trabajos de deforestación en la Avenida 12 de Octubre excedieron de forma alarmante los permisos otorgados, incurriendo en la tala ilegal de decenas de ejemplares.
El acta de infracción N.º 365, labrada el pasado 26 de mayo, expone un severo «incumplimiento total o parcial de los planes de trabajo aprobados». El documento, firmado por el delegado del SFA en Bariloche, Ignacio Dura, detalla el apeo no autorizado de 40 árboles exóticos (entre pino oregón, pino insigne y macrocarpa). La contraparte municipal que recibió la notificación fue Gastón Oscar Muñiz.
Una motosierra sin freno
El conflicto estalló semanas atrás cuando el propio intendente, Walter Cortés, se mostró públicamente liderando los operativos y portando una motosierra para defender la tala bajo el argumento de la «seguridad pública» y el presunto mal estado de los árboles. Sin embargo, los datos técnicos del organismo forestal desmienten el amparo legal de semejante despliegue.
Según los registros oficiales, el pasado 12 de mayo el SFA había emitido una autorización sumamente específica y sujeta a evaluación técnica. Ese permiso original contemplaba la extracción de 16 pinos insigne, seis pinos oregón, un roble pellín enfermo, dos álamos, un aliso, un abies alba y dos macrocarpas en puntos dispersos de la ciudad, además de podas menores en Plaza Italia.
La realidad en el terreno fue muy distinta: el municipio barrió con ejemplares fuera de los sectores delimitados —como el tramo entre Plaza Perito Moreno y la Terminal de Ómnibus—, violando los permisos N.º 107887/2026 y 10631/2026.
Falta de transparencia y alarma ambiental
La gravedad del hecho tomó estado público luego de que el SFA notificara formalmente de las actuaciones a Juan José Paterno, presidente de la Asociación Civil «Árbol de Pie», una de las organizaciones socioambientales que venía alertando sobre el impacto en el área costera.
A la infracción ambiental se le suma un manto de sospecha administrativa: el Servicio Forestal Andino confirmó que se desconoce el destino final de la madera extraída. Al haberse realizado la tala de forma ilegal, no existen guías de traslado ni cálculos de aforo que permitan rastrear a dónde fueron a parar los valiosos metros cúbicos de material forestal retirados del espacio público más emblemático de la ciudad.
Mientras el Ejecutivo local insiste en que se trató de un plan de prevención de riesgos, la comunidad y los bloques vecinales exigen explicaciones inmediatas ante lo que consideran un atropello irreversible contra el patrimonio natural y paisajístico de Bariloche.