La tranquilidad de la localidad de Corcovado se vio interrumpida por un grave caso de corrupción que apunta directamente a la administración de la Escuela N.º 779. La Fiscalía de Esquel, encabezada por la Fiscal General jefe María Bottini y el Funcionario Julián Forti, solicitó y obtuvo la apertura de una investigación preparatoria contra el exdirector del establecimiento, Emiliano Figueroa, y el proveedor de servicios Alejandro Altamirano.
Ambos están imputados por una serie de maniobras fraudulentas cometidas entre mayo de 2023 y 2024, que habrían significado el desvío de partidas presupuestarias destinadas esencialmente a la compra de alimentos.
El mecanismo del fraude
La investigación judicial revela un modus operandi metódico y repetitivo:
Factura Falsa: Altamirano, registrado como proveedor, emitía facturas apócrifas que supuestamente respaldaban la compra de mercadería para la escuela.
Cobro Ilegal: Figueroa gestionaba los cheques de la institución y, presuntamente, los cobraba por ventanilla en el Banco del Chubut.
Encubrimiento Contable: En los libros de la escuela se registraban compras a terceros que nunca habían entregado los productos, mientras que los fondos públicos administrados por la institución se desviaban.
Lo más llamativo es el tipo de artículos supuestamente adquiridos: la Fiscalía constató la inclusión de productos que ni siquiera formaban parte del refrigerio escolar habitual, como pollo o tapas de empanadas, lo que evidenciaría el carácter fraudulento de las operaciones.
Imputaciones y cargos judiciales
El Ministerio Público Fiscal imputó a Figueroa la presunta comisión de Peculado en concurso ideal con uso de documento público falso en 31 hechos. Este delito castiga la sustracción de caudales o efectos públicos por parte del funcionario que los tiene a su cargo.
Por su parte, Altamirano enfrenta una imputación similar por 29 hechos de peculado en el mismo concurso ideal, pero en carácter de partícipe primario, al ser el encargado de suministrar las herramientas falsas (facturas).
El Juez Jorge Criado consideró que existen elementos suficientes para sostener las imputaciones y autorizó la apertura de la investigación preparatoria por un plazo de seis meses. Durante este período, la Fiscalía podrá avanzar con pericias contables, relevamientos documentales y otras medidas de prueba para consolidar la acusación antes de un eventual juicio oral.