Una presentación judicial de la empresa Red Chamber Co. ante una Corte Federal de California (EE.UU.) involucra al gobierno del Chubut, al mencionar un presunto pedido de pago ilegal por parte de un funcionario provincial en el marco del conflicto por la operación pesquera en la planta de Puerto Madryn.
Según la documentación presentada el 30 de septiembre de 2025, Red Chamber demandó a la firma española Profand S.L. y a su filial Pesquera Deseado S.A.U. por presunto espionaje industrial y robo de secretos comerciales, pero en el texto judicial también se describen hechos que —según la empresa— habrían ocurrido durante su disputa con el gobierno provincial por la continuidad del contrato pesquero.
De acuerdo con la versión incluida en la demanda, el 3 de abril de 2025, el entonces ministro de Economía y actual fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, se habría reunido con el presidente de Red Chamber Argentina, Marcelo Mou, en el hotel Alvear Art de Buenos Aires. Allí, siempre según la presentación en EE.UU., el funcionario habría planteado la posibilidad de continuar con la operación de la planta expropiada a cambio de un pago de US$ 6,5 millones en “B-money”, un tipo de transferencia no rastreable.
El supuesto pedido, que Red Chamber divide en dos tramos de US$ 3 millones y US$ 3,5 millones, es señalado como el detonante de la ruptura del vínculo contractual entre la empresa y el gobierno provincial.
La compañía sostiene que esa exigencia habría sido contraria a la legislación estadounidense conocida como Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que penaliza sobornos a funcionarios extranjeros por parte de empresas bajo jurisdicción de EE.UU.
Si bien el Gobierno del Chubut no figura como parte demandada en el expediente, sí aparece mencionado en varios pasajes como actor central del conflicto, especialmente tras la rescisión del contrato con Red Chamber y la posterior incorporación de Profand como nuevo operador del negocio pesquero.
En su denuncia, Red Chamber también describe el ingreso de técnicos —que atribuye a Profand— a la planta de Puerto Madryn en mayo de 2025, durante una supuesta inspección oficial, donde habrían registrado información productiva y técnica considerada confidencial por la empresa estadounidense.
Medios nacionales como La Nación calificaron el caso como “El affaire del langostino”, destacando la gravedad de las acusaciones cruzadas y la posible existencia de una trama de coimas, espionaje industrial y maniobras para controlar el mercado del langostino patagónico.
Hasta el momento, no existe una causa penal abierta en la Argentina por el presunto pedido de soborno mencionado en la demanda norteamericana. El escrito judicial, sin embargo, deja constancia de una acusación formal de intento de coima que podría ser tomada de oficio por fiscales argentinos, según especialistas consultados.
Desde el entorno político provincial, dirigentes como Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) han pedido informes oficiales para esclarecer los acuerdos entre la Provincia, Red Chamber y Profand, advirtiendo que “el conflicto podría escalar a nivel nacional si no hay transparencia”.
📍 Fuentes: Demanda civil “Red Chamber Co. vs. Profand S.L.” presentada ante la Corte del Distrito Central de California (septiembre 2025); publicación de La Nación (6 de noviembre de 2025).