En Esquel acaba de dictarse un fallo que puede cambiar las reglas del juego en casos de crueldad hacia animales en Chubut. En el denominado caso “Pepón”, un perro rescatado en grave estado inspiró una discusión judicial que terminó definiendo que hechos de maltrato animal deberán tramitarse en la justicia penal bajo la Ley Nacional 14.346, y no como faltas provinciales simples.
El caso comenzó cuando vecinos viralizaron un video que denunciaba abandono: un perro estaba atado en el fondo de un patio, con signos severos de desnutrición y una otitis tan avanzada que se estimó afectaba incluso al cerebro. Personal de Fauna Urbana y organismos ambientales realizó el rescate, y el animal quedó resguardado mientras el proceso legal avanzaba.
La fiscalía, al formalizar la causa, sostuvo que los hechos encuadran en “maltrato y crueldad animal” según la Ley Nacional 14.346 —la conocida Ley Sarmiento—, que prevé sanciones que incluyen prisión de entre 15 días y un año. Sin embargo, la defensa alegó que en Chubut existe una normativa provincial (Leyes 1.683 y 1.814) que asigna competencia a jueces de paz o tribunales contravencionales para intervenir en casos de este tipo.
¿Qué decidió el juez? Competencia penal para casos de maltrato animal
El debate central fue: ¿corresponde que un hecho de maltrato se juzgue como una falta local o como delito penal bajo ley nacional? El juez optó por alinearse con la Fiscalía, rechazó el planteo de incompetencia de la defensa y declaró que el caso deberá tramitarse en el fuero penal.Ese razonamiento se basa en un principio jurídico aplicable: “cuando un hecho puede encuadrarse tanto en una norma de faltas provinciales como en una ley penal nacional, debe aplicarse la normativa penal si ésta lo prevé expresamente”. En consecuencia, el camino de juzgamiento recae en jueces penales, no en tribunales contravencionales.
Este fallo tiene impacto más allá del caso “Pepón”: establece un precedente judicial en Chubut para que futuros hechos de crueldad hacia animales no sean tratados con ligereza o en el ámbito administrativo, sino con el rigor penal apropiado.