La Cámara en lo Penal de Esquel resolvió reducir de 12 a 9 años la condena contra un hombre declarado culpable de abuso sexual agravado. El fallo, que mantiene firme la condena del jurado popular pero ajusta la duración de la pena, se fundamenta en que la sanción inicial resultaba “excesiva” en relación con las pruebas acreditadas durante el juicio.
En primera instancia, el acusado había sido condenado a 12 años de prisión tras el veredicto de un jurado popular. La defensa apeló alegando irregularidades en el proceso y solicitando la nulidad del juicio, en particular porque al imputado no se le permitió contar con un abogado de su elección a días de comenzar el debate oral. Sin embargo, los magistrados de Cámara rechazaron ese planteo y ratificaron la validez del proceso, aunque coincidieron en que la pena debía revisarse.
Según los jueces, la condena original se encontraba por encima de lo que corresponde a la escala legal del delito, cuyo mínimo es de 6 años de prisión. También remarcaron que algunas de las agravantes que habían sido invocadas por la acusación no se probaron con la contundencia necesaria, lo que obligaba a revisar la proporcionalidad de la sanción. Tras ese análisis, fijaron la pena en 9 años, considerándola más ajustada al marco normativo y a los hechos efectivamente acreditados.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a la proporcionalidad de las penas en delitos de abuso sexual, la importancia de fundar de manera sólida los agravantes y el rol de las garantías constitucionales vinculadas al derecho a la defensa. En Chubut, este tipo de resoluciones también marcan precedentes en relación con cómo los tribunales de alzada evalúan la labor de los jurados populares y el trabajo de los jueces técnicos que dirigen los debates.
Si bien la reducción no anula la condena ni el reconocimiento del daño ocasionado a la víctima, abre preguntas sobre cómo la Justicia calibra la sanción frente a la gravedad del delito y la prueba disponible. En este sentido, especialistas en derecho penal destacan que garantizar penas proporcionadas fortalece la legitimidad del sistema judicial, pero advierten que estos fallos no deben perder de vista la necesidad de reparación integral para las víctimas y la sociedad.