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Extorsión: declararon culpable a un ex policía y ordenaron su prisión preventiva

Un ex policía, Juan Emilio Llaipén, fue declarado penalmente responsable del delito de Extorsión por el Tribunal Mixto, en un veredicto unánime de los tres jueces técnicos y los dos ciudadanos legos. La decisión se tomó tras considerar probada la intimidación a la víctima, a quien obligó a firmar un formulario 08.

Tras el veredicto, y a requerimiento de la Fiscalía María Bottini, el Tribunal dispuso la prisión preventiva de Llaipén hasta la lectura de la sentencia, que se efectuará el próximo viernes 24. La defensa particular se opuso a esta medida. Este viernes por la mañana se llevará a cabo la audiencia de debate para definir la pena a imponer.

El presidente del tribunal, al exponer los fundamentos del veredicto, descartó uno a uno los argumentos de la defensa, Daniel Sandoval. El cuerpo judicial señaló que el defensor había planteado cuestionamientos de forma general y que, sobre el final del debate, intentó objetar la validez de pruebas que había consentido incorporar en la audiencia preliminar, una actitud que la fiscal Bottini había calificado como una «emboscada procesal».

Para el Tribunal, no quedaron dudas de que el acusado intimidó a la víctima. La prueba clave fue un video de una cámara de seguridad de la Comisaría Primera, donde se observa a Llaipén exhibiendo un arma de fuego. El Tribunal consideró que «que un empleado policial se saque el arma reglamentaria y se la entregue a un compañero frente a un detenido”, constituye en sí mismo una amenaza, reforzado por la prohibición de que los uniformados ingresen armados al pabellón de detenidos.

El veredicto también tomó en cuenta los mensajes entre Llaipén y el beneficiario del formulario 08, en los que se mencionaba la necesidad de «meterle miedo» a la víctima. Se destacó la vulnerabilidad del detenido, que estaba en la Comisaría por primera vez y con quien Llaipén no tenía motivo válido para ingresar a hablar.

No obstante, el Tribunal absolvió al ex policía del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por considerar que no se acreditó suficientemente el modo en que se produjo tal incumplimiento.

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