La causa por el femicidio de Ana Alicia Calfín volvió a escena judicial tras la audiencia de impugnación ordinaria realizada el 9 de abril, en la que se revisa la condena a prisión perpetua contra Miguel Alejandro Vargas Nehuen. Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la solidez del veredicto dictado por un jurado popular, mientras que la defensa insistió en que se trató de un accidente doméstico.
Desde la Fiscalía afirmaron que la condena es el resultado lógico de un análisis integral de las pruebas y remarcaron que la evidencia científica descarta la hipótesis accidental. Según expusieron, los informes periciales de distintas disciplinas coinciden en que las lesiones sufridas por la víctima no son compatibles con un hecho fortuito vinculado al uso de una salamandra en el domicilio.
Otro de los ejes centrales fue el contexto de violencia en el que se encontraba Ana Calfín. En la audiencia se recordó que compañeros de trabajo y familiares habían advertido la presencia de lesiones físicas recurrentes. A esto se sumaron mensajes de texto y audios atribuidos a Vargas Nehuen con contenido violento y de control.
La fiscal Rafaella Riccono también hizo foco en la conducta del imputado tras el hecho. Señaló que no solicitó asistencia médica ni acompañó a la víctima, sino que permaneció en la vivienda intentando limpiar y ordenar la escena antes de la llegada de la policía. En esa misma línea, vinculó su posterior fuga a Chile con un intento de evadir la responsabilidad penal luego de haber sido declarado culpable por el jurado.
Por su parte, la defensa técnica pidió la revocación de la sentencia al considerar que el fallo es arbitrario. Sostuvo que la muerte de Calfín fue consecuencia de un accidente ocurrido cuando intentaba encender una salamandra con combustible en un día frío. Además, cuestionó el sistema de jurados, al señalar que pudo haber primado la emocionalidad por sobre la valoración técnica de las pruebas. También remarcó que, en los primeros momentos tras el hecho, la propia víctima habría manifestado ante vecinos y personal médico que se trató de un accidente.
Durante la audiencia, el dolor de la familia volvió a estar presente. El hijo de la víctima describió el impacto psicológico que el hecho tuvo en sus hermanos menores, mientras que el padre de Ana reclamó justicia y sostuvo la responsabilidad del condenado.
En tanto, Vargas Nehuen mantuvo su declaración de inocencia y justificó su huida del país como un acto de desesperación frente a lo que considera una condena injusta.
El tribunal de impugnación, integrado por los jueces Martín Zacchino, Hernán Dal Verme y Carina Estefanía, dará a conocer su resolución el próximo 23 de abril, en una decisión clave que definirá si se confirma o se revisa la condena.