El conocido “caso Pepón”, que generó repercusión en Esquel por un hecho de maltrato animal, llegó a su fin con un acuerdo conciliatorio entre la mujer imputada y la Fauna Urbana Municipal. La resolución implica que la joven deberá realizar tres meses de tareas comunitarias no remuneradas en el área de protección animal, fuera de su horario laboral.
Desde la dirección de Fauna Urbana de Esquel destacaron que esta medida busca promover la conciencia y empatía hacia los animales, especialmente en quienes desconocen el valor afectivo que los perros pueden brindar. “El contacto directo con ellos permite comprender su sensibilidad y necesidad de cuidado”, señalaron fuentes del organismo.
La investigación judicial
El caso fue investigado por la Fiscalía de Esquel, luego de recibir denuncias sobre el estado de “Pepón”, un perro mestizo de tamaño mediano que se encontraba bajo condiciones precarias de alimentación y salud entre abril y agosto de 2025.
Según la causa, el animal presentaba anemia, desnutrición, parásitos y una infección crónica severa en los oídos, cuadro que le provocaba dolor, dificultad para tragar y problemas de equilibrio.
La Fiscalía encuadró el hecho dentro de la Ley Nacional 14.346, conocida como Ley Sarmiento, que sanciona los actos de maltrato y crueldad animal en todo el territorio argentino. Esta normativa, vigente desde 1954, establece penas que van desde multas hasta prisión para quienes causen sufrimiento o lesiones innecesarias a los animales.
Un caso que reaviva el debate sobre el bienestar animal
El cierre del “caso Pepón” reabre el debate sobre la responsabilidad humana en el cuidado de los animales domésticos y la necesidad de fortalecer la educación en tenencia responsable. En los últimos años, Esquel y otras ciudades de Chubut han intensificado las campañas de adopción, vacunación y castración, junto a la intervención de organizaciones civiles que luchan contra el abandono y la violencia animal.
Desde Fauna Urbana reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar situaciones similares y participar en los programas locales de protección. “Cada denuncia salva una vida”, remarcaron.