El Ministerio Público Fiscal sepultó los reclamos de la defensa ante la Cámara Penal y defendió la soberanía del jurado popular que halló culpable al imputado. El desgarrador testimonio de la hermana de la víctima marcó la audiencia.
El caso por el brutal asesinato de Marcelo Colemil entró en su etapa de definiciones. En una audiencia de alta tensión ante la Cámara Penal, la Fiscalía defendió con extrema firmeza la sentencia que condenó a Kevin Darian Ledesma a 18 años de prisión efectiva, sepultando uno a uno los argumentos con los que la defensa intentó voltear el fallo.
Respaldados en la legitimidad de un veredicto ciudadano e inapelable en sus bases, el fiscal Fidel González y el procurador de fiscalía Carlos Cavallo exigieron el rechazo total de la impugnación. El momento más emotivo de la jornada se vivió cuando la hermana de la víctima tomó la palabra para relatar el desgarrador sufrimiento de la familia y exigir que el asesino cumpla hasta el último día de su pena. Tras escuchar a las partes, el tribunal entró en cuarto intermedio y anunció que resolverá el destino del condenado en los próximos diez días hábiles.
Una ejecución nocturna desde el living de una casa
El crimen que se ventila en los tribunales ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 2024, en el Barrio Baden 1. De acuerdo con la reconstrucción que dio por probada el tribunal, Ledesma se parapetó dentro de su propiedad y, desde la seguridad del interior de su casa, comenzó a efectuar disparos hacia la calle.
Uno de los proyectiles impactó de lleno en la región supraclavicular izquierda de Marcelo Colemil. La herida fue mortal: le causó un shock hipovolémico en cuestión de minutos. El 25 de noviembre de 2025, un jurado popular destruyó la teoría de la «legítima defensa» que intentaba instalar el acusado y lo declaró culpable de forma unánime por el delito de homicidio agravado por el uso de armas.
Los tres pilares de la Fiscalía para sostener el castigo
Durante su exposición, los acusadores públicos basaron su estrategia en tres ejes letales para las aspiraciones de la defensa:
1. El veredicto del pueblo no se toca
El Ministerio Público Fiscal (MPF) remarcó que la revisión de un fallo dictado por ciudadanos es estrictamente restringida. Advirtieron que el tribunal revisor no puede sustituir el criterio del jurado popular, ya que este representa un «baluarte de la libertad» y de la soberanía política. Los fiscales argumentaron con dureza: para que la impugnación prospere, la falta de pruebas tendría que ser tan evidente que «nadie en su sano juicio» habría dictado una culpabilidad, escenario que está lejísimos de la realidad de esta causa.
2. Evidencia pericial irrefutable
La defensa intentó sembrar dudas sobre la pericia dinámica del ataque, pero la Fiscalía desactivó el reclamo de inmediato. Recordaron que los defensores tuvieron todas las oportunidades de control técnico en las etapas preliminares —donde decidieron no presentar peritos de parte— y que pudieron interrogar libremente a los expertos frente al jurado. Las pericias demostraron que se trató de un ataque «sorpresa», ya que el cuerpo de Colemil no presentaba ninguna lesión defensiva, lo que coincide perfectamente con la autopsia, el material biológico y las prendas secuestradas.
3. Argumentos de peso para los 18 años de cárcel
El MPF destrozó el pedido de rebaja de pena demostrando que los 18 años impuestos por el juez técnico se ajustan estrictamente a la gravedad de las acciones de Ledesma:
-
Indefensión total: El condenado atacó amparado por la nocturnidad y a una distancia de 6 metros, protegido dentro de su domicilio.
-
Fuga y ocultamiento: Tras el crimen, Ledesma escondió el arma homicida —la cual jamás pudo ser encontrada pese a los rastrillajes y dragados de la policía— y se mantuvo prófugo de la justicia durante 18 horas.
-
Causas previas: El imputado ya arrastraba una suspensión de juicio a prueba y una condena condicional por robo simple, evidenciando un total desprecio por la ley.
-
Destrucción familiar: El asesinato dejó una huella psicológica imborrable en el núcleo familiar, afectando severamente a los sobrinos menores de edad de la víctima.
«El proceso fue justo, transparente y respetuoso de todas las garantías constitucionales», concluyó la Fiscalía al exigir la ratificación total de la condena. La moneda está en el aire y la Cámara Penal dictará su veredicto definitivo en las próximas dos semanas.