El avance de la causa por el hurto de morfina en el Hospital Zonal de Esquel sumó nuevos detalles que explican cómo la investigación logró identificar al principal sospechoso. Desde la fiscalía revelaron que la implementación de un protocolo de seguridad fue determinante para reconstruir los hechos ocurridos entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, y sostener la acusación que ahora será llevada a juicio.
El caso se originó tras la denuncia de un médico de guardia, quien detectó el faltante de ampollas de morfina en una oficina donde el medicamento se encontraba resguardado bajo llave. A partir de esa advertencia inicial, el Ministerio Público Fiscal logró establecer que hubo al menos dos episodios: el primero el 26 de diciembre, cuando desaparecieron cinco ampollas, y el segundo el 5 de enero, con la sustracción de otras dos.
Según explicó el funcionario de fiscalía Julián Forti, la clave estuvo en un sistema de control interno que limitaba el acceso a la medicación. Ese protocolo establecía que únicamente el médico de guardia podía tener la llave de la caja donde se almacenaban los fármacos. La medida, pensada para reforzar la trazabilidad y reducir el margen de manipulación, permitió acotar el universo de posibles responsables.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el enfermero imputado habría vulnerado ese esquema al tomar sin autorización la llave desde una prenda de la médica de guardia, lo que le permitió acceder al contenido de la caja. A esto se sumó el aporte de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, que resultaron fundamentales para avanzar en la identificación. El análisis de los registros permitió comparar rasgos físicos como altura y características faciales, lo que fortaleció la hipótesis acusatoria.
El fiscal Fidel González señaló que no era la primera vez que se denunciaban faltantes de este tipo de medicación en el hospital, aunque en ocasiones anteriores las investigaciones no habían prosperado. La razón principal, explicó, era la dificultad para determinar responsabilidades en contextos donde muchas personas tenían acceso al área de resguardo. Esa experiencia previa fue la que impulsó la implementación del protocolo que, finalmente, permitió esclarecer el caso actual.
La causa ya superó la instancia preliminar y se encuentra en proceso de elevación a juicio. La fiscalía solicitará una pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de hurto agravado. El imputado continúa en libertad, ya que no se consideró necesaria la prisión preventiva al no existir riesgos procesales.
En paralelo, el hospital inició un sumario administrativo y el enfermero fue suspendido de sus funciones mientras avanza el proceso judicial. En las próximas semanas se deberá conformar el tribunal, que será mixto —con jueces técnicos y participación popular— y definir la fecha del debate oral.
El caso pone en foco la importancia de los protocolos de seguridad en ámbitos sensibles como el manejo de medicamentos, donde los controles internos no solo cumplen una función preventiva, sino que también resultan clave para garantizar investigaciones eficaces cuando se detectan irregularidades.
Fuente: EQSNotas