El juicio oral y público por el incendio que destruyó 70 hectáreas en la zona rural de Nahuelpan comenzó en los tribunales locales con posturas totalmente enfrentadas entre la Fiscalía y la defensa de Héctor Gabriel Quilaqueo, el hombre acusado por el siniestro ocurrido en enero de 2025. Mientras los investigadores sostienen que el fuego fue provocado de manera intencional en medio de un conflicto vecinal, el imputado asegura que todo se trató de un accidente y denuncia una persecución política vinculada a su pertenencia a una comunidad originaria.
El debate judicial se desarrolla ante un tribunal unipersonal y tiene como eje central determinar si Quilaqueo actuó con dolo o si el incendio fue producto de una conducta culposa. La acusación está encabezada por la fiscal María Bottini junto al procurador Ismael Cerda, mientras que la defensa particular busca desacreditar la hipótesis de un ataque premeditado.
El hecho investigado ocurrió el 26 de enero de 2025 cerca de las 13:30 horas en el lote irregular 4, fracción B, sección I-III de Nahuelpan. Las condiciones climáticas de aquel día jugaron un papel clave en la propagación de las llamas: pleno verano, una temperatura de 27 grados y fuertes ráfagas de viento generaron un escenario propicio para que el fuego avanzara rápidamente por la zona rural.
El saldo fue devastador. Según se expuso durante la apertura del juicio, el incendio consumió 70 hectáreas y destruyó alrededor de 1200 metros de alambrado. Además, las llamas pusieron en peligro a tres familias vecinas cuyos bienes y viviendas quedaron expuestos al avance del fuego. Desde la Fiscalía remarcaron que no sólo hubo daños materiales particulares, sino también un fuerte impacto ambiental sobre un bien colectivo protegido por la Constitución Nacional y la Constitución de Chubut.
Uno de los puntos que ya no está en discusión entre las partes es que Quilaqueo estuvo presente en el lugar y sufrió graves quemaduras que derivaron en su internación en terapia intensiva. También quedó acreditado que utilizó su teléfono Samsung J2 para tomar fotografías antes y durante el incendio. Primero capturó imágenes de un vehículo que descargaba animales y luego registró las llamas una vez iniciado el fuego.
La diferencia aparece al momento de analizar qué ocurrió realmente. Para la Fiscalía, el acusado inició el incendio con la intención de perjudicar a la familia Aguado en el marco de un conflicto vecinal previo. Los investigadores sostienen que no existía ningún motivo válido para encender fuego bajo esas condiciones climáticas y remarcan que Quilaqueo, por ser conocedor de la zona, sabía perfectamente el riesgo que implicaban el viento y las altas temperaturas.
Durante el juicio declararán policías que participaron en el operativo, vecinos damnificados, testigos presenciales, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y especialistas en peritajes ígneos e informática. Con esas pruebas, el Ministerio Público Fiscal buscará demostrar que el incendio no fue accidental.
La defensa, en cambio, sostiene una teoría completamente distinta. El abogado de Quilaqueo afirmó ante el tribunal que no existió intención alguna de generar un incendio de semejante magnitud y aseguró que la acusación tiene un trasfondo de persecución política. Según planteó, el propio imputado terminó siendo la principal víctima del episodio debido a las severas lesiones que sufrió durante el avance de las llamas.
Además, la defensa insistió en que la Fiscalía no podrá acreditar que existiera una intención concreta de provocar daños a los vecinos linderos, aunque reconoció que entre las partes existe un litigio judicial previo que alimenta el conflicto.
Con las posiciones ya marcadas y un fuerte cruce de interpretaciones sobre el origen del fuego, el juicio continuará durante los próximos días con testimonios y pericias que buscarán esclarecer uno de los incendios rurales más graves registrados recientemente en la región.