La causa judicial por el incendio en Nahuelpán que consumió unas 70 hectáreas en el establecimiento “La Tapera” avanza hacia una instancia clave. Durante una audiencia preliminar, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ratificó su pedido de elevar el caso a juicio oral y público, mientras que la jueza penal rechazó el planteo de sobreseimiento presentado por la defensa del acusado.
El proceso entró ahora en un cuarto intermedio que se extenderá hasta el 27 de marzo, fecha en la que se retomará la audiencia para definir los pasos finales antes del eventual debate oral.
La etapa actual funciona como un filtro dentro del proceso penal: no se determina la culpabilidad del imputado, sino si existe una hipótesis acusatoria sólida que justifique llevar el caso a juicio. En este contexto, la magistrada entendió que existen elementos suficientes para continuar el proceso judicial.
La acusación: incendio intencional en medio de un conflicto territorial
La Fiscalía, representada por la Dra. María Bottini y el Dr. Ismael Cerda, sostiene que el fuego iniciado el 26 de enero no fue un accidente rural. Según la acusación, el imputado habría provocado el incendio de manera deliberada utilizando un encendedor y vegetación seca.
El objetivo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido perjudicar a los propietarios del establecimiento “El Relincho”, en el marco de un conflicto histórico por la posesión de 606 hectáreas de tierras.
Este tipo de disputas territoriales en zonas rurales suele derivar en conflictos judiciales prolongados, especialmente en regiones donde conviven productores, comunidades y distintos reclamos de uso o propiedad de la tierra.
Las pruebas que sostiene la Fiscalía
Para fundamentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó tres ejes probatorios que considera clave para demostrar la intencionalidad del hecho.
El primero es evidencia digital obtenida a partir de un peritaje al teléfono celular del acusado. Allí se encontró una fotografía del incendio cuando el fuego recién comenzaba, lo que, según la Fiscalía, contradice la versión de un hallazgo casual.
El segundo elemento tiene que ver con las condiciones climáticas al momento del siniestro. El incendio se inició con una temperatura de 26 grados, vientos de 37 kilómetros por hora y una humedad ambiente de apenas 15%. Para los fiscales, se trataba de un escenario de alto riesgo para la propagación del fuego, lo que habría sido aprovechado para dirigir las llamas hacia los campos en disputa.
El tercer punto apunta a la identidad y conducta del imputado. Según testimonios incorporados a la causa, el hombre se habría presentado ante testigos utilizando un nombre falso y mencionando previamente el litigio por las tierras antes de que se desatara el incendio.
El impacto del incendio en la zona
El fuego provocó daños significativos en el área rural, consumiendo aproximadamente 70 hectáreas de campo y destruyendo unos 1200 metros de alambrado. Además de las pérdidas materiales para productores locales, el siniestro requirió un importante despliegue de recursos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, tanto en personal como en logística.
Los incendios rurales generan un fuerte impacto económico y ambiental, ya que afectan suelos productivos, infraestructura ganadera y vegetación nativa, además de exigir operativos complejos para su control.
El planteo de la defensa: un accidente rural
La defensa del imputado solicitó el sobreseimiento, argumentando que el incendio fue producto de un accidente vinculado a prácticas rurales habituales dentro de comunidades indígenas.
También remarcó que el propio acusado sufrió quemaduras graves al intentar apagar el fuego, lo que —según su interpretación— sería incompatible con una intención deliberada de provocar el siniestro.
Sin embargo, la jueza consideró que no existe una “certeza negativa” que permita cerrar el caso en esta etapa del proceso. En su resolución explicó que determinar si hubo dolo (intención de dañar) o culpa (negligencia) es una cuestión que debe resolverse mediante la producción de pruebas en un juicio oral.
Qué pasará ahora con la causa
La audiencia preliminar continuará el 27 de marzo, cuando las partes buscarán acordar convenciones probatorias. Este mecanismo permite dar por probados hechos que no están en discusión —como la magnitud del daño ambiental y material— para reducir el número de testigos y agilizar el eventual debate oral.
Si finalmente se confirma la elevación a juicio, el caso del incendio en Nahuelpán se resolverá en un tribunal, donde se analizarán las pruebas y testimonios para determinar si el fuego fue efectivamente un acto intencional o un accidente rural.