La causa por la intoxicación con monóxido de carbono que afectó a alumnos y docentes en El Maitén en 2022 sumó un nuevo capítulo judicial. En una audiencia ante la Cámara Penal de Esquel, la Fiscalía solicitó que se mantenga la condena contra el gasista matriculado Juan Manuel Cottet, al considerar que hubo negligencia técnica en la instalación del sistema de calefacción.
El caso involucra a las escuelas N° 93 y 7719, donde 74 estudiantes y 3 docentes resultaron afectados por la inhalación de gases tóxicos. La audiencia de impugnación, realizada el pasado 20 de abril, tuvo como eje central determinar la responsabilidad por el ingreso de monóxido de carbono al establecimiento educativo.
La fiscal Débora Barrionuevo sostuvo que el origen del hecho estuvo en una serie de irregularidades profesionales y pidió que se confirme la pena de dos años y seis meses de prisión condicional, además de la inhabilitación para ejercer la actividad, tal como había sido dispuesto en primera instancia por el juez Martín O’Connor.
Desde la acusación se planteó que, más allá de quién haya encendido el equipo, la responsabilidad recae en quien realizó la instalación. En ese sentido, la Fiscalía remarcó que el sistema presentaba fallas técnicas graves, como la falta de ventilación adecuada y una evacuación deficiente de los gases. Según se expuso, la chimenea no superaba la altura del techo, lo que facilitó el reingreso de monóxido al interior del edificio.
Asimismo, se señaló que se incumplió la normativa nacional de gas (NAG-200), y que la obra no contaba con las inspecciones obligatorias ni había sido declarada ante la empresa prestataria, por lo que fue considerada “clandestina”. Para la Fiscalía, estas omisiones no solo eran evitables, sino que debían ser conocidas por el imputado debido a su experiencia profesional.
Por su parte, la defensa cuestionó la sentencia y sostuvo que no existe responsabilidad directa del gasista. Su principal argumento fue que Cottet no se encontraba presente al momento en que se encendió la caldera, y que el sector donde se había trabajado estaba clausurado. En esa línea, plantearon que la intervención de terceros —quienes habrían utilizado el equipo sin autorización durante un acto escolar— interrumpió el nexo causal.
El propio Cottet rechazó las acusaciones, calificó el proceso como una “persecución política” y atribuyó la falta de inspecciones a demoras administrativas de la empresa de gas.
La Cámara Penal de Esquel deberá ahora analizar un extenso expediente, que incluye más de 200 páginas y material audiovisual, para definir si confirma o revierte la condena. La decisión judicial será dada a conocer el próximo 6 de mayo a las 10:00.
El caso continúa generando impacto en la comunidad educativa de El Maitén, mientras se espera una resolución que determine las responsabilidades en un hecho que puso en riesgo la salud de decenas de personas.