Un operativo judicial y científico se llevó adelante en la Reserva Natural Laguna Brychan, ubicada a pocos kilómetros de Trevelin, en el marco de una investigación por presunto daño ambiental que podría estar afectando gravemente al ecosistema.
La intervención fue coordinada por la Agencia de Ambiente y Maltrato Animal de la Fiscalía de Esquel, con autorización judicial, e incluyó una inspección ocular en el lugar y la toma de muestras de agua para su análisis. El objetivo es determinar si existe una extracción ilegal de agua que esté provocando la mortandad de peces y la degradación de este entorno natural protegido.
La preocupación no es nueva. Desde el año 2020, vecinos de la zona vienen denunciando cambios notorios en la laguna, que históricamente se caracterizaba por sus aguas cristalinas. Con el tiempo, comenzaron a observar una coloración verdosa y una proliferación de algas, un proceso conocido como eutrofización, que impactó directamente en la fauna: se registró muerte de peces y desaparición de aves típicas del lugar.
En ese contexto, surgieron sospechas sobre posibles prácticas de riego ilegal. Se investiga si se estaría extrayendo un gran volumen de agua sin autorización del Instituto Provincial del Agua (IPA), lo que podría estar alterando el equilibrio natural de la laguna. De hecho, el propio organismo ya había constatado previamente la presencia de mangueras de gran tamaño que trasladan agua desde el espejo hacia predios cercanos.
Para avanzar en la investigación, el operativo se planificó estratégicamente para coincidir con el paso del satélite Sentinel-2, perteneciente al programa Copernicus. Esta coordinación con especialistas del CONICET permite cruzar datos obtenidos en el terreno con imágenes satelitales actualizadas, generando evidencia objetiva sobre el estado del agua y posibles intervenciones humanas.
Durante la jornada, el equipo técnico y judicial tomó muestras que serán analizadas para detectar la presencia de contaminantes o un exceso de nutrientes, factores que pueden explicar el proceso de eutrofización. Además, se buscó identificar el recorrido de las mangueras, verificar la existencia de bombas de extracción o estructuras que modifiquen el escurrimiento natural del agua. Todo el procedimiento fue registrado en video para garantizar la transparencia y validez de las pruebas.
La investigación apunta a los ocupantes de los predios donde se estaría utilizando el recurso hídrico. Se analiza si los hechos encuadran dentro de delitos contemplados en el Código Penal, como la adulteración de aguas o el daño agravado, teniendo en cuenta que se trata de un bien de uso público dentro de una reserva natural protegida. Desde el ámbito judicial advirtieron que cualquier intervención no autorizada sobre este tipo de ecosistemas implica un riesgo concreto de daño ambiental irreversible.
Del operativo participaron distintas instituciones, entre ellas la DPI Esquel, el área de Criminalística, la Comisaría de Trevelin y especialistas del CIEMEP, CONICET y la UNPSJB, en un trabajo conjunto que busca esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.