El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°11, declaró la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” implementado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich mediante la resolución 943/2023.
El fallo hizo lugar a un amparo presentado por el CELS y consideró que la norma vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión, de reunión y de petición a las autoridades. Según el magistrado, el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones que habiliten acciones represivas sin intervención judicial.
Cormick sostuvo que la protesta social no puede equipararse a un delito penal y que cualquier intervención de fuerzas de seguridad debe ser ordenada por un juez. También cuestionó las tareas de inteligencia y el registro de manifestantes, por violar la Ley de Inteligencia Nacional.
El Gobierno podrá apelar la decisión ante instancias superiores.
Fuente: NA
