La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional por la suspensión de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
La medida fue aprobada por unanimidad en el Consejo Superior, que consideró que el decreto presidencial vulnera la Constitución y desconoce la voluntad del Congreso.
La ley, sancionada y promulgada por decreto, quedó en pausa hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento. Sin embargo, desde la UBA advirtieron que esta decisión deja a las universidades públicas en una situación crítica, sin recursos para sostener su funcionamiento ni garantizar la recomposición salarial de docentes y no docentes.
En la resolución, el cuerpo universitario sostuvo que “promulgar formalmente pero suspender materialmente la ejecución de la ley altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “quebranta la soberanía del Congreso”. Por eso, instruyó al rector a avanzar con una demanda judicial para exigir la inmediata implementación de la norma.