La Cámara Baja debate un proyecto que modifica el régimen penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa reemplaza el esquema vigente, que fija el límite en 16, y toma como referencia legislaciones de la región.
El proyecto establece que las sanciones priorizarán medidas socioeducativas y no privativas de la libertad, como trabajos comunitarios o restricciones, salvo en delitos de extrema gravedad. También fija una pena máxima de 15 años para menores y habilita la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.
En el plano internacional, países como Chile y Colombia aplican la imputabilidad desde los 14 años, mientras que otros la establecen desde los 12. En Europa predominan sistemas diferenciados, con énfasis en la reinserción.
El debate también gira en torno a los recursos disponibles para implementar la reforma y garantizar condiciones adecuadas de detención y tratamiento.
