El Gobierno nacional apeló el fallo que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y cuestiona el decreto 759/2025, que había condicionado la ejecución de la norma a la determinación de fuentes de financiamiento y la incorporación de partidas presupuestarias.
La medida fue presentada luego de que el juez federal Martín Cormick declarara la inconstitucionalidad del decreto y ordenara cumplir de inmediato la ley.
El planteo original había sido impulsado mediante un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes. El magistrado consideró que el Ejecutivo no podía imponer condiciones para ejecutar una norma que el Congreso había ratificado tras rechazar el veto presidencial.
Ahora, la Cámara Contencioso Administrativo Federal deberá analizar la apelación. Mientras tanto, la disputa judicial vuelve a poner en el centro de la escena el financiamiento de las casas de altos estudios y los salarios de sus trabajadores.
Fuente: Minuto Uno
