La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut volvió a encender las alarmas ante la interrupción total de los servicios médicos y de farmacia de la obra social provincial, una situación que deja desprotegidos a miles de empleados públicos. En un comunicado firmado por Carina Estefanía (presidenta) y Andrea García Abad (secretaria), la entidad expresó su “profunda preocupación” por un corte que califican como “un grave perjuicio para quienes dependen de estos servicios para su bienestar y salud”.
El reclamo aparece en un contexto en el que trabajadores estatales de distintos sectores denuncian desde hace semanas consultas rechazadas, suspensiones de convenios y demoras en la provisión de medicamentos. La crisis no solo afecta tratamientos en curso, sino también servicios esenciales como guardias, estudios de diagnóstico y atención crónica.
La Magistratura exigió a las autoridades provinciales que adopten medidas urgentes para restablecer la cobertura, recordando que garantizar el acceso a la atención médica es una responsabilidad básica del Estado y un componente central de las condiciones laborales del sector público.
Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento apunta a la falta de transparencia: la Asociación solicita que se expliquen de manera pública y detallada los motivos por los cuales no se está cumpliendo con el pago a los prestadores, pese a que hace apenas un año se aprobó —a propuesta del propio Ejecutivo— una ley que duplicó los aportes obligatorios de todos los empleados estatales.
La entidad reclama que el Gobierno informe qué ocurrió con esos fondos, por qué los trabajadores aportan más pero reciben menos, y cuáles son los pasos inmediatos para garantizar la reactivación y el sostenimiento del sistema. También insiste en que se comunique un plan de acción concreto que permita normalizar los servicios y evitar nuevas interrupciones.
Mientras tanto, clínicas, farmacias y profesionales advierten que la deuda acumulada amenaza seriamente su funcionamiento. La falta de definiciones oficiales agrava la incertidumbre y deja a miles de familias sin una respuesta clara sobre cómo afrontar tratamientos esenciales o situaciones de urgencia en pleno parate de la obra social.