El naufragio del Carlillo volvió a poner en foco un sistema cuestionado: sobrecarga, corrupción y un marco normativo hecho a medida para unos pocos.
El siniestro del buque artesanal Carlillo en la zona de Rawson generó un cimbronazo político y económico que llega hasta la cordillera. La actividad pesquera —clave para la economía provincial— quedó bajo la lupa tras las declaraciones del armador Julio César Domínguez, quien describió un circuito de irregularidades que opera desde hace años sin control.
La sobrecarga de embarcaciones, histórica en la pesca chubutense, volvió a quedar en evidencia. Domínguez sostuvo que muchos barcos están transportando 700 a 750 cajones, muy por encima del límite legal.
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, confirmó que el barco ya tenía antecedentes de sanciones y que el viaje siniestrado incluía un tripulante no declarado, un hecho grave que motivará una presentación judicial.
Sobornos y permisos: una estructura paralela
Según el armador, para cargar más cajones había que pagar 30 mil dólares, y para transferir permisos entre embarcaciones, 100 mil dólares. Sus denuncias apuntan a funcionarios y empresarios que habrían operado bajo un esquema de connivencia política.
La nueva ley y el impacto en el recurso
La aprobación de la Ley IX-157, que crea nueve nuevos permisos de flota amarilla, genera preocupación en toda la Patagonia andina: la presión de captura podría aumentar más de 15 mil toneladas de langostino al año, en un recurso que ya mostró señales de disminución.
Además, el artículo 34.2.4 convierte permisos experimentales en licencias irrestrictas, mientras que los polémicos permisos VA.CO.PA. siguen vigentes. En el sector consideran que este combo legislativo “blanquea” años de irregularidades.
Lo que se discute desde Esquel y la Comarca
El impacto ambiental, el equilibrio del ecosistema y la responsabilidad estatal para controlar un recurso compartido atraviesan toda la región. Lo que ocurre en Rawson no queda en Rawson: afecta la sustentabilidad, la recaudación provincial y el trabajo de cientos de familias que dependen de la pesca en toda la Patagonia.
El sector reclama una investigación profunda que marque un antes y un después.