A pesar de haber destrabado la negociación, el malestar persiste tanto en el personal en actividad como en los retirados, quienes denuncian que los montos acordados resultan insuficientes frente al costo de vida actual.
Alberto Jaramillo, vocero de los pasivos y ex integrante del Consejo de Bienestar Policial, fue contundente al describir la realidad que atraviesan los efectivos: «El reclamo es puntualmente una recomposición salarial». Según explicó, el descontento se originó tras una oferta inicial del gobierno del 2,5%, que finalmente se elevó a un 3% al básico, sumado a una suma fija de $5.000 para el mes de marzo.
Por debajo de la línea de pobreza
Para los referentes del sector, estas cifras no logran compensar el desfasaje económico de los últimos meses. Jaramillo subrayó que la situación del personal policial refleja la crisis que afecta a todos los empleados estatales: «Estamos bajo el índice de pobreza».
El principal escollo es la brecha generada por el aumento de precios. «Hace cinco meses que no tenemos aumento y tenemos una inflación de casi el 12% acumulada; nunca llegamos, siempre vamos atrás», sentenció el vocero, remarcando que las propuestas nunca terminan de ser satisfactorias bajo este esquema inflacionario.
El drama de la «bicicleta» financiera
Uno de los puntos más alarmantes del testimonio de Jaramillo es el impacto directo en la economía doméstica de los agentes. La falta de poder adquisitivo está empujando a las familias a un círculo vicioso de deudas.
«La necesidad de la familia policial es mucha; muchas veces hay que salir a pedir créditos, créditos y créditos para pagar otros créditos».
Esta situación de asfixia financiera es la que esperan revertir en la próxima mesa de negociación, cuya reapertura está prevista para el mes de abril. Allí, el personal espera canalizar una propuesta que finalmente permita superar el costo de la canasta básica y otorgar previsibilidad a quienes deben velar por la seguridad de la ciudadanía.